La Red de Veeduría Integral Derecho y Vida advirtió sobre una posible alteración de documentos públicos por parte de la FUNDACIÓN SOCIAL Y CULTURAL INTEGRAL DEL CARIBE, FUNSOINTEC, para lograr la supuesta puntuación exigida para cumplir la experiencia y ganar el contrato por más de 1.200 millones de pesos para llevar alimentación escolar en colegios públicos de Barranquilla.
De acuerdo con César Carmamo, veedor de Derecho y Vida, lo más preocupante es que algunos operadores con el fin de alcanzar los contratos modifican las especificaciones que debe llevar el documento de acuerdo a la Ley 80 de contratación pública.
«Presentó cinco certificados que no aparecen el Secop, falsedad de documento público y privado, lo cual genera unas sanciones penales. El contrato fue adjudicado pese a tener conocimiento de las irregularidades por cuanto hemos dado traslado a los órganos de control para que investiguen», indicó el veedor.