La salida del coronel Jeyson Haird López Puerto de la comandancia de la Policía de Santa Marta reabre el debate sobre el trato a los uniformados, el liderazgo presidencial y los riesgos de convertir la seguridad en un escenario de confrontación.
Por: Miguel Macea Di Martino
La relación entre Abelardo de la Espriella y la Fuerza Pública comienza a generar interrogantes que van más allá de los cambios en los mandos policiales.
En una institución donde la disciplina, la jerarquía y la obediencia a las órdenes legales son pilares fundamentales, también resulta indispensable que las decisiones de la superioridad estén acompañadas de respeto, garantías institucionales y evaluaciones objetivas.
El malestar que podrían generar ciertos pronunciamientos De Abelardo entre integrantes de la Policía y las Fuerzas Militares merece atención. Los hombres y las mujeres que visten el uniforme enfrentan diariamente amenazas, operaciones de alto riesgo y la presión de responder por la seguridad de millones de colombianos.
Por eso, cuando desde la máxima autoridad del Estado se cuestiona públicamente su desempeño, surge una pregunta inevitable: ¿cómo exigir resultados sin debilitar la confianza de quienes deben alcanzarlos?
No se trata de defender errores ni de reclamar impunidad para los responsables de fallas operativas. Si un funcionario incumple sus obligaciones, debe responder conforme a los procedimientos establecidos.
Sin embargo, una cosa es exigir responsabilidades y otra convertir las decisiones sobre la carrera de los uniformados en un espectáculo de descalificaciones públicas.
Un coronel en el centro de la controversia
El caso más reciente es el del coronel Jeyson Haird López Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, a quien De la Espriella anunció que llamaría a calificar servicios después de la fuga de 41 detenidos del Centro de Traslado por Protección.
El mandatario también cuestionó la actuación policial frente a los problemas de orden público y el bloqueo registrado en la carretera Santa Marta–Barranquilla, a la altura de Tasajera.
La decisión abrió un debate sobre la responsabilidad de los mandos y la manera en que el Gobierno evalúa a sus oficiales. De la Espriella tiene atribuciones para impulsar cambios dentro de la institucionalidad, pero esas decisiones también deben analizarse a la luz de sus fundamentos, sus procedimientos y sus consecuencias.
El coronel llevaba poco tiempo al frente de la Policía Metropolitana. ¿Qué fallas específicas se le atribuyeron? ¿Qué información recibió la superioridad antes de tomar la decisión? ¿Qué medidas se habían adoptado para enfrentar las situaciones que desencadenaron la controversia?
Son preguntas legítimas en una democracia. Resolverlas con información verificable permitiría establecer si la decisión respondió exclusivamente a criterios de responsabilidad institucional o si existen otros elementos que deban ser examinados.
Lo que no sería responsable es atribuirle al conjunto de la Policía una posición de rechazo al Gobierno sin testimonios comprobables. El eventual inconformismo de algunos uniformados no equivale a una rebelión institucional, y cualquier afirmación sobre renuncias masivas o fracturas en la cadena de mando requiere pruebas.
La seguridad no puede depender de los aplausos
Colombia atraviesa desafíos de seguridad que exigen una respuesta seria. Los grupos armados ilegales mantienen capacidad de intimidación en distintos territorios, mientras comunidades enteras sufren las consecuencias de los enfrentamientos, las amenazas y las restricciones a la movilidad.
En esas circunstancias, los uniformados necesitan dirección estratégica, inteligencia, recursos, protección y respaldo institucional. También necesitan que sus superiores evalúen los resultados con criterios claros y que las responsabilidades se determinen sin confundir la rendición de cuentas con la humillación pública