El representante legal y una empleada de la fundación sin ánimo de lucro Fe y Salud fueron imputados con los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en Betulia, Sucre, por los más de 732 millones de pesos que se habrían perdido durante la ejecución de un contrato para beneficio de los adultos mayores.
Se trata de Jorge Luis Salazar, representante legal, y Drenis del Carmen Anaya, empleada, a quienes un juez de control de garantías envió a prisión mientras se surte el proceso.
De acuerdo con las investigaciones, estas dos personas están presuntamente involucrados en las irregularidades detectadas en tres convenios suscritos por la Alcaldía de San Juan de Betulia en 2016.
Los contratos pretendían impulsar los programas y actividades de interés público en el Centro de Vida del Adulto Mayor del municipio. Al parecer, los dineros fueron pagados, y los servicios y atención a la población nunca se cumplieron.
Por estos mismos hechos, el 4 de octubre de 201 fueron capturados el alcalde de San Juan de Betulia (Sucre), Fernando Antonio Avilés Tovar; el tesorero municipal, Tomás Arrieta Gil; y el secretario de Asuntos Sociales, Eider Manuel Moreno Arias.
En su momento, el mandatario local fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario y los otros dos funcionarios recibieron detención domiciliaria.
Avilés Tovar, quien luego obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria, renunció en noviembre del año anterior a su cargo como alcalde.