El Juez Segundo Promiscuo Municipal de Sincé con funciones de control de garantías legalizó la captura de una fiscal, un abogado y cuatro investigadores que prestan sus servicios en Sucre.
La legalización cobija a la fiscal Marta Luz Valeta Herazo, que se desempeña en el municipio de San Marcos; a su primo, el abogado Yahany Merlano Valeta y a los investigadores Freddy Arroyo, Richard Fuentes Gómez, Diana García y Ramón Espinosa Benavides, quienes habrían cometido unas acciones ilegales en el municipio de Sincé.
La Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo les imputó los delitos de concusión, concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión agravado, peculado por uso, acceso abusivo a sistema informático y revelación de secreto.
De otra parte, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, estuvo en el departamento de Córdoba inaugurando un punto de atención en el municipio de Canalete, y desde allí habló de la corrupción en Córdoba y Sucre, pero de la que se deriva del manejo y destinación de los dineros públicos en estos dos departamentos, y nada dijo de la corrupción en la entidad que él dirige en Sucre que ya deja dos fiscales condenados (Tomás Mier Sotelo y Yeine Lin Hernández) y otro tanto investigados, al igual que miembros del CTI.
Dijo Barboza que en su visita a estas tierras definió con los directores secciones de Sucre y Córdoba mecanismos para impulsar las investigaciones relacionadas con irregularidades de contratación o desviación de los recursos.
“Esta Fiscalía es una Fiscalía que lucha contra la corrupción con resultados, no con discursos. En ese sentido, hasta el final de este período de cuatro años seguiremos hablando con resultados en las ciudades, en las calles, en las veredas y en todos los territorios del país”.
Informó también que en Córdoba han sido vinculadas 51 personas por diferentes conductas asociadas con corrupción, y entre los procesados están 8 alcaldes, un fiscal, 28 funcionarios y 2 contratistas; mientras que en Sucre han judicializado a 157 personas, entre ellas 30 servidores públicos, 14 contratistas, 4 exalcaldes y 6 alcaldes.