La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Superintendencia Nacional de Salud inspeccionar a la EPS Familiar Colombia y a la IPS DG-IPS por presuntas irregularidades en el manejo de la población indígena en Córdoba.
Según la denuncia, estas entidades estarían afiliando, trasladando y gestionando a comunidades indígenas sin el consentimiento previo, libre e informado de sus autoridades tradicionales, lo que vulnera el principio de autonomía y el Decreto 1953 de 2014 que regula el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI).
Las Autoridades Zenúes Rurales de Montería informaron al Ministerio Público sobre estas irregularidades.
La Procuraduría solicitó evaluar la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación por presunta violación a derechos fundamentales colectivos y ley de origen indígena. Podrían incluir posibles delitos contra la administración pública, fraude a subvenciones o afectación al erario.
La Superintendencia Nacional de Salud realizará una inspección profunda para verificar el uso real de los dineros y el funcionamiento administrativo de las EPS.
Se busca determinar si existen responsables y, en su caso, iniciar sanciones disciplinarias o legales.
La Procuraduría busca proteger los derechos de las comunidades indígenas y garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos.