Hace unas semanas, la Procuraduría General, por medio de una tutela, solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), expulsarlo de esa jurisdicción con el argumento de que su juez natural es Justicia y Paz y que se estaban vulnerando los derechos de las víctimas.
Al estudiar la petición y sus argumentos, esa jurisdicción rechazó las pretensiones del Ministerio Público y en consecuencia decidió que Mancuso seguirá en firme con su sometimiento a ese tribunal especial de paz.
“La inexistencia de amenaza de un perjuicio irremediable, en lo tocante a las víctimas, aquellas tienen la potestad de hacer valer sus intereses ante ambas autoridades, para lo cual se diseñó en la JEP un mecanismo de diálogo entre esta y JyP en lo que a estas respecta, de manera que no se observa amenaza inminente a sus derechos mientras la Corte Constitucional resuelve lo que corresponde”, se lee en el fallo.
Así mismo, advirtió que mientras la Corte Constitucional dirime el conflicto de competencia entre Justicia y Paz y la JEP, se podrá seguir adelante con los procesos judiciales al exparamilitar, sin perjuicio de afectar el desarrollo de los mismos y sus eventuales decisiones.
“En atención a que, con independencia de si es la JEP o JyP quien deba conocer, o en qué medida, de los casos del señor Mancuso Gómez, lo cierto es que, ambos sistemas continúan adelantando las actuaciones correspondientes, garantizándose así la judicialización del referido compareciente y, de otro lado, en lo tocante a las víctimas, aquellas tienen la potestad de hacer valer sus intereses ante ambas autoridades, para lo cual se diseñó en la JEP un mecanismo de diálogo entre esta y JyP en lo que a estas respecta, de manera que no se observa amenaza inminente a sus derechos mientras la Corte Constitucional resuelve lo que corresponde”, añade.
Una vez conocida la decisión, la Procuraduría insistió en la necesidad de expulsar al creador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de esa jurisdicción y en consecuencia apelará el fallo.
A este meollo, se suma una carta en la que Mancuso pedía a la JEP rechazar el pedido de la Procuraduría, como finalmente sucedió. “La accionante no argumentó ni demostró cuál era la evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión (…) no se evidenció cómo la interpretación y la decisión de la Sección de Apelación de la JEP se tornaba irrazonable, desproporcionada y arbitraria, en detrimento de los derechos de las víctimas reconocidas en los procesos”, escribió Mancuso en la carta.
El exparamilitar regresó al país el pasado 27 de febrero y llevaba preso más de 16 años en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico. Desde que regresó a Colombia ha estado recluido en una celda de la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanece aislado. Desde entonces, ha participado en varias audiencias buscando su libertad. Sin embargo, sus deudas pendientes con las víctimas y los más de 65 mil hechos criminales cometidos, aún sin resolver, lo mantienen preso. De hecho, actualmente se desconoce si es Justicia y Paz o la JEP la jurisdicción encargada de pronunciarse sobre la libertad y eventuales condenas. Esto está siendo estudiado por la Corte Constitucional.