Redacción: laregional.net- Valledupar-
Paradójicamente el alcalde de Valledupar, Mello Castro, con la soberbia que lo caracteriza, pidió de manera pública la renuncia del comandante de la Policía Cesar, coronel Douglas Restrepo, por no mostrar resultados en materia de seguridad, pero a la par, el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Valledupar, sanciona al mandatario con tres días de arresto domiciliario, precisamente por no mostrar ‘resultados’ en sus funciones.
La medida corresponde al fallo de tutela T-946 de 2011, en la que se le ordenó al alcalde, Mello Castro, el desalojo de la invasión, propiedad del mayor Alberto Pimienta Cotes, ubicada en el predio Sabana 1 ubicada en la capital del Cesar. Orden que no ha cumplido y ahora deberá responder.
Además del arresto domiciliario, Castro también fue multado con (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, según providencia del 11 de agosto de 2021.
La Alcaldía de Valledupar, ha debido trasladar a la urbanización El Porvenir, construida para tal fin, a las familias que están ocupando de manera ilegal del predio del mayor Pimienta, pero hasta la fecha el proceso no ha avanzado, por lo que el Juzgado considera que la Administración Municipal ha fallado en este proceso incumpliendo el fallo de la tutela.
La urbanización El Porvenir, consta de 800 casas que se construyeron para albergar a estas familias invasoras, las cuales ha sido caracterizada como desplazados por la violencia y madres cabezas de familia con protección del Estado.
«Habiendo sido entregadas las viviendas del Porvenir desde diciembre de 2020, según respuesta 720 viviendas con certificado de habitabilidad, realizado el censo de las personas víctimas de la violencia y el sorteo para la adjudicación de las viviendas, realizado el censo por parte de la Alcaldía de –Valledupar de las personas que no cuentan con dicha condición en cumplimiento del numeral 6 de la sentencia de tutela, no se considera que exista justificación al no cumplimiento de la orden tutelar, pues aún no han comenzado las acciones de reubicación de los accionantes en la Urbanización el Porvenir a la fecha de esta providencia, desde la entrega de las viviendas (diciembre 2020) sin que sea posible iniciar el paso siguiente, cuál sería la notificación de desalojo, en tanto, las familias no sean reubicadas», se lee en la sentencia.
Por este mismo proceso, que ya cumple 10 años, han sido también sancionados en incidente de desacatos, los entonces alcaldes Fredys Socarrás y Tuto Uhía. Sin embargo, el juzgado se abstuvo se sancionar por los mismos hechos al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, al director nacional de la Unidad de Víctimas y a la directora del Departamento de Prosperidad Social.