La conocida periodista de Semana, María Jimena Duzán, aseguró que el ministro Guillermo Botero pretende truncar su derecho de libertad de expresión, exigiendo los documentos que respalden su opinión.
El altercado ocurrió cuando Duzán aseguró que “Guillermo Botero, además de ser un encubridor –por el caso Dimar Torres–, es un ministro corrupto”, gracias a que supuestamente el ministro tienen intereses en una empresa de seguridad que debe ser vigilada por el propio Ministerio que él comanda.
No obstante, el ministro Botero replicó ante estas acusaciones, y dijo que él solo quería observar las sentencias condenatorias que respaldaban las opiniones de la periodista y tras ello, remitió un derecho hacia Duzán en donde formalmente pide copia de las sentencias que supuestamente lo condenan por los delitos de encubrimiento y corrupción.
Duzán, reiteró que una habitual columna de los días domingos, “no está basada en ninguna sentencia judicial proferida en su contra sino en hechos objetivos de público conocimiento que usted no ha negado, en relación con los cuales soy libre de opinar de acuerdo con la Carta Política”.
Asimismo, agregó la columnista que el mandatario colombiano llamó de manera pública al exjefe guerrillero ´Jesús Santrich´ como mafioso y narcotraficante, sin que existiera en ese momento, algún tipo de condena penal en contra de Santrich. Y añadió en esa misma respuesta hacia Botero “Asumo que usted ya expresó su reparo a los comentarios hechos por su superior”.
Toda esta dudosa situación, hace reflexionar que el ministro estriña pensando en iniciar una acción legal por los presuntos delitos de calumnia e injuria en contra de la periodista, quien en días previos remitió una copia de la respuesta al derecho de petición a la FLIP y a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU con el ánimo de alertar una posible vulneración a su derecho a la libre expresión.
Finalmente, Duzán dijo para Semana que “Pretender que los periodistas solo podemos opinar sobre hechos contenidos en una providencia judicial no solo es absurdo, sino que coarta la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada de los desmanes que cometen los funcionarios públicos”. Fuente de consulta, Semana.