Con medidas que van desde la vigilancia técnica hasta el seguimiento en tiempo real de las votaciones y los escrutinios, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que para el órgano de control “no hay intocables en la defensa de la democracia y de la transparencia electoral”.
Aseguró que “nosotros hemos dicho que vamos a garantizar que nadie le meta ‘conejo’ a estas elecciones en Colombia, que tenemos que combatir el fraude y decirle a la ciudadanía claramente que denuncie cualquier intento de fraude, porque aquí vamos a estar todas las autoridades”.
De acuerdo a Carrillo Flórez, el Ministerio Público vigilará, observará y recepcionará las denuncias de los ciudadanos ante posibles anomalías que se puedan presentar en el proceso electoral del próximo 27 de mayo, y reveló que 7.200 funcionarios estarán en las mesas de votación.
La Procuraduría hará presencia con un equipo de ingenieros en los 28 centros de cómputo habilitados para el monitoreo electoral con el fin de verificar el correcto funcionamiento del software contratado para las elecciones, y en las casas matrices de Barranquilla, Cali, Medellín, Montería, Cúcuta y Bogotá, regiones que presentan mayor vulnerabilidad informática.
Por solicitud del ente de control en estas elecciones se adoptaron medidas para la digitalización de los formatos E14, garantizar que los testigos los puedan ver en pantalla en tiempo real, y evitar que sean intercambiados entre mesas. Asimismo, se acordó con la Registraduría la entrega de los formularios E24 (primer escrutinio) y E26 (segundo escrutinio).
Decisiones disciplinarias
El Procurador General reveló que el órgano de control adelanta 70 actuaciones disciplinarias por hechos relacionados con presunta participación en política de funcionarios públicos, muchas de ellas gracias a las denuncias de la ciudadanía, y anunció la apertura de investigación y la suspensión provisional, por el término de tres meses, del: secretario de Tránsito de Popayán (Cauca), Rubén Ernesto Caicedo Celis, y de los alcaldes de Togüí (Boyacá), Alfonso Sánchez Saaveedra y de El Banco (Magdalena), Víctor Rangel López.
El ente de control disciplinario también ordenó la suspensión provisional del alcalde de Galapa (Atlántico), Carlos Alberto Silvera de la Hoz, y del secretario de Integración Socioeconómica del municipio, Mario Morales.
Carrillo Flórez aseguró que al parecer “el inmueble registrado en redes sociales, y en el cual presuntamente estuvieron repartiendo dádivas para favorecer una campaña presidencial, pertenece a la alcaldía y en él opera la casa del adulto mayor, ¡una cosa realmente repugnante!”.
Adicionalmente, por presuntas presiones a contratistas en la consecución de votos a favor de una campaña presidencial, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de las alcaldías de Moniquirá (Boyacá), Junín (Cundinamarca), Quimbaya (Quindío), y Barranquilla (Atlántico).
Solicitud pérdida de investidura de Aida Merlano
La Procuraduría radicó ante el Consejo de Estado la demanda de pérdida de investidura contra la congresista Aida Merlano, y advirtió a los protagonistas de algún fraude electoral en las próximas horas, que la entidad “no escatimará esfuerzos y no tendrá alguna duda sobre el procedimiento disciplinario y la denuncia ante las autoridades penales de cualquier actividad que rompa el equilibrio electoral”.
Suspensión de Quinto Guerra
Frente a la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar de acoger la medida cautelar solicitada por la Procuraduría y ordenar la suspensión del alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra, presuntamente por estar inhabilitado sostuvo que es “un acto de responsabilidad”.
“Esta es una magnífica señal en el sentido de que la justicia opera, que frente a tanta desilusión que se presenta en este momento en relación con las actuaciones de las autoridades, aquí las batallas éticas en Colombia todavía se pueden ganar en los estrados judiciales”.