Por las ayudas humanitarias para solventar la crisis durante el aislamiento social, varios alcaldes de municipios de Córdoba están en la mira de la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación.
Es así como San Andrés de Sotavento y Tuchín hacen parte de las 17 alcaldías que están investigadas por las ayudas que entregaron a la población pobre para sobrellevar la cuarentena.
Estas alcaldías están dentro de los 150 procesos disciplinarios relacionados con los contratos para entregar ayudas durante la emergencia que vive el país y en la que se esperaba que los mandatarios actuarán con transparencia, pero los hechos hasta ahora han mostrado otra cosa.
Entre tanto, en ese mismo departamento, la Contraloría General de la República puso en marcha las auditorías especiales para verificar la contratación por la urgencia manifiesta con motivo de la pandemia de la coronavirus.
Para esto fueron seleccionados ocho municipios según explicó el contralor General, Omar Lozano Flórez, quien dijo que se priorizará la auditoria en Tierralta basado en la suspensión del alcalde Daniel Montero.
Además realizarán auditorías en los municipios de Sahagún, Buenavista, San Antero, Lorica, Planeta Rica, Cereté y Montelíbano, en donde hay quejas y denuncias por supuestos sobrecostos e irregularidades en la adquisición de los mercados.