La Fiscalía General de la Nación informó que el Tribunal Superior de Barranquilla condenó a varios exfuncionarios de Santa Lucía, entre ellos dos exalcaldes, por participar en un entramado de corrupción que se apropió de 285 millones de pesos que debían ser destinados a atender a los damnificados por la temporada de lluvias en el municipio del Atlántico.
Los condenados son los exalcades Osvaldo Santana González, a quien le dieron 26 años y 10 meses de prisión; Teodomiro Ariza Medina y Alexander Cortés Polo exsecretario de Planeación de Santa Lucía, 25 años y 10 meses de prisión; y a Reiner Vicente Ravelo Brochero, quien deberá pagar 9 años de prisión.
El Tribunal revocó una decisión de primera instancia que había absuelto a los involucrados en el entramado ilegal del que hicieron parte también personas particulares.
Los hechos investigados ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2011, Durante la fuerte temporada de lluvias afectó a varios municipios de Atlántico, entre estos a Santa Lucía. Para ayudar a mitigar los efectos del invierno, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre (UNGRD) destinó auxilios económicos de 1’500.000 para cada familia damnificada.
A Santa Lucía le correspondieron 379 millones de pesos para asistir a 253 grupos familiares. Los dineros debían entregarse para apoyar la reconstrucción de viviendas, adecuación de terreros para la siembra y adquisición de elementos de primera necesidad. La Fiscalía estableció que, «el exalcalde Santana González pidió al señor Ravelo Brachero realizar el censo de damnificados sin ser funcionario de la alcaldía municipal. Asimismo, constató en los registros que 63 familias realmente eran damnificadas y recibieron el subsidio; mientras que las otras 190 no vivían en el municipio o residían en Venezuela, por lo que los dineros nunca fueron desembolsados».
Según el ente, los 285 millones de pesos quedaron en manos de los funcionarios vinculados. «Fueron declarados responsables, según su participación, por delitos como falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, peculado por apropiación y prevaricato por acción», indicó la Fiscalía.