Tras adelantar las investigaciones por una denuncia anónima radicada en la Contraloría, el ente de control departamental ordenó la suspensión provisional e inmediata de Jaime Noguera Serrano, en su condición de Vicerrector Administrativo de la Universidad del Magdalena y de Wilberto Santos Galvis, en el cargo de Profesional Especializado-Grupo de Servicios Generales, por la existencia de un presunto detrimento patrimonial a la institución de educación superior, además de otras conductas disciplinarias y penales.
La suspensión permanecerá hasta que se considere necesario, en aras de asegurar la transparencia, imparcialidad y efectividad de la investigación fiscal o hasta que culmine la misma. Noguera Serrano era el ordenador del gasto en la institución.
El 21 de abril de 2022 a las 4:00 p.m. en las instalaciones de la Universidad del Magdalena se activó el Grupo Anticorrupción de Reacción Inmediata (GARI) con una comisión integrada por funcionarios de este ente de control, y fue recibida por los servidores de la universidad, Jaime Noguera, vicerrector Administrativo y el abogado Oscar Castillo, Jefe de la Oficina asesora de la institución, a quienes se les puso en conocimiento el motivo de la diligencia y se les solicitó la mayor disposición en la entrega de la documentación relacionada en la denuncia y cualquier tipo de información adicional que requirió el grupo asignado por este ente de control.
A los dos funcionarios se les investiga por una denuncia anónima, que estipula presuntas irregularidades presentadas en la celebración y ejecución del contrato CPS-VAD-2018, en el que además el vicerrector figura como ordenador del gasto. Este proceso se hizo además, en verificación de la denuncia por las presuntas irregularidades presentadas en la celebración y ejecución del contrato, donde además, Noguera Serrano se desempeñó como supervisor del mismo.
La Contraloría afirma que tiene razones sólidas y evidencias razonables para establecer que la permanencia del funcionario en el cargo afecta el desarrollo de la investigación, obstaculiza la fiscalización o compromete aún más el patrimonio del Estado.