La Procuraduría General de la Nación anunció que formuló pliego de cargos contra el gobernador de Sucre Edgardo Enrique Martínez Romero, y Álvaro Hoyos Romero, quien para la época fungía como secretario de Educación departamental, por presuntas irregularidades en el convenio PAE de 2016.
La Administración Departamental de Sucre espera que a finales de este mes ya esté escogido el Operador del PAE, que debe iniciar la prestación del servicio de complemento alimenticio a niños, niñas y adolescentes que estudian en 744 sedes educativas, 134 de la zona urbana y 613 en la rural. Y para ello, dispuso un presupuesto de $20 mil 745 millones, de los cuales el Ministerio Nacional de Educación asignó $13 mil millones, monto inferior al del año 2017; mientras que el departamento aporta $6 mil 500 millones; de recursos de la vigencia 2017 que no fueron ejecutados $1.028 millones y rendimientos financieros de $35 millones.
24 acciones
El procurador Carrillo dijo que en total son 24 acciones las que ha adelantado para proteger los derechos de los menores en todo el país y en los departamentos de la Costa Norte.
Adicionalmente, el pasado siete de marzo de 2018 se abrió una indagación preliminar que vincula a las administraciones de 39 municipios de 11 departamentos del país, por presuntas irregularidades en la ejecución del PAE”, señaló el procurador.
Los casos más dramáticos
Para el jefe del ministerio público, los hechos más calamitosos están en Montería y en Cartagena, donde a pesar de que el calendario escolar inició el pasado 29 de enero, a la fecha hay 89.718 estudiantes por fuera del programa.
Por ejemplo en Cartagena la falta de una convocatoria del proceso licitatorio tiene sin complemento alimentario alrededor de 90.000 estudiantes.
Mientras que en Montería el proceso de contratación de operadores fue declarado desierto el cinco de abril, lo que perjudica a 30.112 alumnos.
“De ese universo, 14.280 niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en instituciones con jornada única, lo que significa que permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar”, concluyó el procurador Carrillo.