La Procuraduría General de la Nación presentó un informe sobre las actuaciones de vigilancia preventiva y control de gestión realizadas a las EPS Mutual Ser, Emssanar, Proteger EPS (antes Cajacopi) y Nueva EPS, en el que advierte la persistencia de barreras en el acceso a los servicios de salud y un deterioro financiero que compromete la continuidad en la prestación de la atención a millones de usuarios.
El documento, elaborado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, concluye que estas entidades continúan enfrentando problemas estructurales que afectan la oportunidad y calidad del servicio, motivo por el cual se adelantan actuaciones para establecer posibles responsabilidades disciplinarias de servidores públicos y particulares que cumplen funciones relacionadas con el sistema de salud.
Entre los principales hallazgos, el Ministerio Público identificó un aumento sostenido en las peticiones, quejas y reclamos (PQR), así como en las acciones de tutela e incidentes de desacato, derivados principalmente de demoras en la asignación de citas con especialistas, dificultades para autorizar procedimientos y tecnologías en salud, retrasos en la entrega de medicamentos y otras barreras administrativas que limitan el acceso efectivo de los pacientes.
La Procuraduría señaló que la situación de la Nueva EPS representa un riesgo sistémico para la garantía del derecho fundamental a la salud y para la sostenibilidad financiera del sistema.