La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió una investigación disciplinaria para establecer si existieron posibles omisiones de funcionarios públicos frente a la situación del carro escalera asignado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, un equipo especializado cuyo valor supera los $3.691 millones y que permanece sin prestar servicio desde hace más de un año.
La actuación del Ministerio Público se produce en medio de cuestionamientos por la prolongada inactividad del vehículo y por el riesgo de que un bien adquirido con recursos públicos continúe fuera de operación mientras la ciudad enfrenta la necesidad de contar con equipos especializados para atender incendios y emergencias que involucren estructuras de gran altura.
La Procuraduría confirmó la existencia de la investigación, aunque advirtió que el expediente se encuentra bajo reserva, de acuerdo con las disposiciones del Código General Disciplinario. Por esta razón, no se conocen públicamente los nombres de los funcionarios involucrados, las pruebas recaudadas ni las actuaciones específicas que adelanta el organismo de control.
La Gobernación del Cesar, al responder un derecho de petición relacionado con la situación del vehículo, señaló que el carro escalera fue entregado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar mediante el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001, suscrito el 12 de enero de 2022. El acuerdo contempló inicialmente una vigencia de cinco años, con posibilidad de prórroga, y estableció una serie de obligaciones para el organismo que recibió el vehículo.
Según las condiciones del contrato, los bomberos tienen a su cargo la administración, utilización, operación, conservación y mantenimiento del equipo. También deben asumir los costos relacionados con seguros y garantizar que el vehículo sea utilizado para los fines establecidos, además de informar periódicamente sobre su estado. La administración departamental, por su parte, mantiene las obligaciones propias del comodante, entre ellas la entrega formal del bien, la supervisión del cumplimiento contractual y la posterior liquidación del acuerdo.