La Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira requirió a los alcaldes de Riohacha, Maicao, Albania, Villanueva y La Jagua del Pilar para que presenten soportes documentales sobre la implementación de la Ley 2492 de 2025, que transformó las antiguas Inspecciones de Policía en Inspecciones de Convivencia y Paz.
En un oficio fechado el 22 de octubre, la entidad otorgó un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción de la comunicación, para que las administraciones certifiquen el estado de aplicación de la norma, identifiquen las obligaciones pendientes y entreguen un cronograma con actividades, responsables y fechas de cumplimiento.
La Procuraduría señala que, aunque las alcaldías reportaron algunas gestiones, todavía no cuenta con pruebas suficientes para establecer que todas las medidas previstas en la ley se hayan implementado.
El requerimiento tiene carácter preventivo y no constituye, por sí mismo, una sanción ni una declaración de responsabilidad disciplinaria contra los mandatarios.
La actuación busca verificar los avances de cada administración y conocer qué acciones faltan para completar la implementación de la normativa.