La Procuraduría evidencio como por falta de control de las autoridades navieras a las embarcaciones que transportan turistas hacia los Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, han afectado considerablemente al ecosistema de manglares y corales.
La comisión del Ministerio Público llegó a la zona insular para conocer de primera mano la situación ambiental, de ocupación y explotación comercial de los predios baldíos, previa a la reunión que mantendrá con la comunidad, los arrendatarios y la Agencia Nacional de Tierras, por la renovación de contratos de arrendamiento.
Precisa el ente de control, que, si bien es fundamental revisar la adecuada administración de los predios, no se puede entender la naturaleza de estos bienes como meros baldíos y territorios de la Nación, sin considerar el valor ambiental que tienen, por lo que es prioritario la conjunción de acciones frente a la fragilidad de un ecosistema tan importante para el país.
Finalmente, la Procuraduría destacó la importancia de potenciar la actividad turística de las islas de manera responsable, continuando con un trabajo de sensibilización por parte de autoridades y operadores, que contemple las condiciones de la regulación vigente para el desarrollo de obras de conservación y protección costera.