Redacción: Laregional.net-
Los congresistas Carlos Abraham Jiménez y César Lorduy, en calidad de conciliadores por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, respectivamente, propusieron el retiro de la disposición que ha generado polémica en el país, al ser considerada una mordaza para la libertad de prensa. Por lo tanto, serán ahora ambas corporaciones las que decidirán si finalmente se retira o no el artículo 68 de la ley anticorrupción.
El artículo establecía como nuevo delito la injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos y se disponía la posibilidad de sancionar mediante la cancelación de la personería jurídica a organizaciones comunitarias, que incurrieran en dichas conductas.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se pronunció en contra del artículo y lo catalogara como una amenaza a la libertad de prensa. “Este mensaje lo extiendo para invitar a que, en el Congreso de la República, de manera respetuosa, los conciliadores del proyecto anticorrupción puedan encontrar una solución que permita concertar las normas anticorrupción importantes contenidas allí, pero poder retirar ese artículo que poco o nada tiene que ver con el contexto o con la norma, pero que, adicionalmente, representa una amenaza a la libertad de prensa”, dijo el mandatario en su momento.
También se pronunciaron organizaciones, como la Fundación para la Libertad de Prensa Flip, para la cual, se trataba de una norma decididamente regresiva contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos, detallando que en el debate de la misma, fue evidente “que un sector político ve con recelo a la prensa”, y que además estaban tramitando “inconformidades personales a través del sistema legislativo”, a tal punto de cuestionar garantías relevantes para la labor periodística como la rectificación y la presunción de buena fe.
La Misión de Observación Electoral, MOE, criticó que se pretendiera incluir dicha disposición en el marco de una ley de anticorrupción, que debería estar orientada al establecimiento de medidas que incrementen el control ciudadano sobre la gestión y ejecución de los recursos públicos y el actuar de los funcionarios.
Recordemos que los representantes del departamento del Cesar, José Eliecer Salazar López, y Eloy chichi Quintero Romero, habían votado la famosa Ley de mordaza contra la prensa.