El secuestro de Nancy Gómez Sánchez, esposa del alcalde de Uribia, La Guajira, merece el rechazo de toda la sociedad. Sin embargo, más allá de la indignación que genera este hecho, hay una pregunta que debe ser respondida: ¿quién está detrás de su retención y cuáles son los verdaderos móviles?
Una fuente de alta credibilidad me asegura que los secuestros registrados en Uribia tendrían características distintas a las versiones que habitualmente circulan en los medios de comunicación y a las primeras hipótesis que manejan las autoridades. Según esa información, detrás de algunos de estos episodios existirían disputas relacionadas con la contratación pública, intereses económicos y enfrentamientos entre sectores políticos y contratistas.
No se trata de una hipótesis menor. Basta recordar el caso del joven Julián Alandete Rangel, oriundo de Mompox, Bolívar, y otros episodios violentos que han sacudido al municipio. Mi fuente sostiene que habría una línea de intereses alrededor de los contratos públicos que merece una investigación seria y sin contemplaciones.
Por eso, las autoridades no deberían limitarse a señalar como posibles responsables al ELN o a las disidencias de las Farc sin agotar otras líneas investigativas. También es necesario establecer si existen estructuras criminales vinculadas a disputas por el control de la contratación municipal.
La muerte de alias ‘Bendito Menor’ también merece ser examinada dentro de ese contexto. Circulan versiones sobre sus presuntos vínculos con comerciantes, contratistas y sectores políticos, así como sobre posibles pagos para mantener determinadas disputas por fuera del escenario público. Son señalamientos que deben ser verificados por las autoridades.
Al alcalde de Uribia le corresponde contribuir con toda la información que pueda ayudar a esclarecer el caso de su esposa. Y a los investigadores, seguir cada pista, identificar a los responsables y establecer si detrás de este secuestro existen intereses distintos a los que hasta ahora se han mencionado.
Mi solidaridad con Nancy Gómez Sánchez y su familia. El secuestro no puede convertirse en instrumento de presión política, económica ni contractual. Uribia necesita respuestas, verdad y justicia.