Redacción: laregional.net
Un concepto de ‘incumplimiento material adverso’ emitió la Contraloría General en el que asegura que el proyecto minero Cerro Matoso, ubicado en Montelíbano, no cumple con las medidas ambientales ordenadas por la Corte.
El ente de control auditó el cumplimiento de las órdenes que impartió la Corte Constitucional a través de Sentencia T-733 de 2017, el cual ampara los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud y al disfrute de un ambiente sano de las comunidades que residen en el área de influencia del proyecto minero.
El ente de control formuló 17 hallazgos administrativos, de los cuales 15 tienen posible connotación disciplinaria y uno de carácter penal, por lo que fueron traslados a las instancias correspondientes.
De igual modo, la Contraloría evaluó las gestiones realizadas por el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS.
Durante la auditoría, el ente de control encontró debilidades en el cumplimiento de las normativas aplicables en materia del derecho de consulta previa, lo mismo que incumplimiento en el régimen ambiental, debido a que fue permitida la construcción y operación del gasoducto Jobo Tablón – Cerro Matoso S.A. sin permiso o licencia ambiental desde hace más de 30 años y el incumplimiento de los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 para la evaluación de solicitudes de licenciamiento ambiental.
También detectó debilidades en el cumplimiento de normativas sobre trámite de procesos administrativos sancionatorios, imposición de multas y sanciones, gestión del recurso hídrico, monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, gestión contractual y administración de expedientes digitales, entre otros.
Según la Contraloría no se registran evidencias que confirmen la imposición de medidas preventivas por parte de la CVS por los daños generados en desarrollo de actividades de minería.
Tras la auditoría, Cerro Matoso respondió que han operado por cuatro décadas en el marco de la Ley, las normas ambientales vigentes y de acuerdo con los instrumentos aprobados por las autoridades competentes.
Aseguró además que en los casos necesarios han modificado sus controles ambientales, los cuales ha reportado de manera oportuna y transparente.