La tragedia provocada por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, no solo deja miles de víctimas y una grave emergencia humanitaria, sino que también podría desencadenar una nueva ola migratoria hacia Colombia, impulsada por el deterioro de las condiciones de vida en el vecino país.
De acuerdo con el más reciente balance entregado por el gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, hasta el 9 de julio la emergencia deja 3.890 personas fallecidas y millones de afectados, especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que cerca de 6,76 millones de personas resultaron afectadas por el desastre, mientras que miles permanecen sin vivienda y enfrentan una creciente crisis humanitaria.
La directora de la OIM, Amy Pope, advirtió que el desplazamiento de personas aumentará en las próximas semanas. «Ya es evidente que el desplazamiento aumentará a medida que las personas busquen seguridad. Una respuesta rápida es esencial para proporcionar asistencia humanitaria vital y apoyar al pueblo de Venezuela en los difíciles días y meses que se avecinan», señaló.
Para Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, la migración venezolana nunca se detuvo y los terremotos podrían acelerar un nuevo flujo de personas hacia territorio colombiano.
El experto explicó que, a diferencia de las primeras olas migratorias, esta nueva etapa estaría marcada por la reunificación familiar y la llegada de adultos mayores.
Uno de los principales desafíos será la atención de personas que perdieron absolutamente todo durante la emergencia, incluidos sus documentos de identidad. «Muchos de ellos llegarán indocumentados porque, cuando se les vino el edificio encima, no tenían pasaporte, no tenían cédula ni los documentos básicos para reiniciar un proyecto de vida», explicó. Por ello, consideró necesario que Colombia fortalezca nuevamente herramientas como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, al considerar que sigue siendo la política pública más importante implementada por el país para atender esta población.