Redacción: laregional.net-
Las próximas elecciones podrían permitir abrir el panorama electoral a nuevas voces, fortalecer liderazgos plurales y traer de vuelta la agenda de la paz a los territorios a través de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP), sin embargo, existen serios riesgos para la garantía de una participación transparente, dadas las condiciones de los municipios: violencia asociada al conflicto armado, rentas ilegales y dinámicas políticas clientelares.
El Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc-EP, determinó mecanismos para la reparación y no repetición del conflicto.
Las CTEP fueron pensadas como una herramienta para diversificar la participación política: con ellas, las víctimas del conflicto armado que habitan los territorios más afectados por el conflicto podrían obtener representación política. Eran, entonces, una forma de restituirles el ejercicio pleno de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Estas circunscripciones tienen carácter transitorio (solamente funcionarían para los periodos 2022-2026 y 2026-2030) y se sumarían a las 166 curules que actualmente conforman la Cámara de Representantes. El Proyecto de Acto Legislativo 017/2017 Cámara y 05/2017 de Senado estableció que 167 municipios del país albergarían las 16 circunscripciones. De estos, 40 se encuentran en la región Caribe, ubicados específicamente en los departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar, La Guajira, Magdalena, y Córdoba. Es decir, la región contaría con cuatro representantes para las CTEP: uno para la C8 (Montes de María), uno para la C12 (Sierra Nevada, Perijá y Zona Bananera), uno para la C13 (Sur de Bolívar) y uno para la C14 (Sur de Córdoba).
Si bien estas Según datos publicados en un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), de los 40 municipios del Caribe que participarán en las elecciones de las CTEP, 25 han registrado hechos de violencia política entre el 2016 (firma del Acuerdo) y el 2021.
Montes de María
El censo electoral para las CTEP solo incluye a la población rural, dado que para estas votaciones se excluyen las cabeceras municipales. Este es el primer problema con las CTEP: aunque en la mayoría de los municipios seleccionados menos de la mitad de su población habita en las cabeceras municipales, alrededor del 61 % del censo electoral está inscrito en ellas. Esto quiere decir que una buena parte de las víctimas, cuya cédula está inscrita en las cabeceras municipales, está excluida para votar.
En Tolú Viejo, por ejemplo, de 11,822 víctimas que habían registradas en el 2018, solo 147 estaban inscritas en el censo electoral habilitado para votar por la CTEP 8. En El Carmen de Bolívar, aunque hay más de 60,000 víctimas registradas, solo poco más de 8,000 estarán habilitadas para votar por las CTEP. Esto genera serios cuestionamientos sobre la capacidad real de representación de las víctimas que tendrán algunas CTEP.
De igual manera, desde hace algunos años en la subregión Montes de María las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se han venido consolidando como un actor armado central en las dinámicas de violencia del municipio.
A todo esto habría que sumar que, según la MOE, existe un alto riesgo de fraude electoral para los municipios de Córdoba, El Guamo, Zambrano, Colosó, Los Palmitos, Morroa y Tolú Viejo. Esto quiere decir que la posibilidad de trashumancia electoral, compra de votos o falta de garantías para la transparencia electoral es mayor en estos municipios. Así, la elección de la CTEP estará mediada por la violencia y la posibilidad de un proceso electoral poco transparente.
Sierra Nevada, Perijá y Zona Bananera
En esta circunscripción los retos son muy similares: por un lado, hay una diferencia muy grande entre el censo electoral y el número de víctimas. Con excepción de Pueblo Bello, Dibulla y San Juan del Cesar, en todos los municipios el censo electoral está por debajo del 50% con respecto al número de víctimas registradas. Por otro lado, la Sierra Nevada de Santa Marta se ha convertido recientemente en un escenario de guerra de baja intensidad entre las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). En este contexto, en Pueblo Bello las AGC han hecho presencia con uniformes militares y armas largas, además de asesinar a dos campesinos de la región. Difícilmente puede haber condiciones para una votación transparente en zonas rurales de la Sierra Nevada con presencia permanente de grupos armados.
Finalmente, un riesgo no relacionado con la violencia, pero igual de dañino para la representación política de las víctimas es la posibilidad de que estas curules terminen en manos de políticos tradicionales. El Clan Gnecco, por ejemplo, señalado por corrupción y alianzas con el paramilitarismo, parece querer apropiarse de la curul del C12 a través de William Romero, como denunció La Silla Vacía. Romero no tiene ningún trabajo conocido con víctimas y por la maquinaria electoral de los Gnecco fácilmente podría ser elegido.
Sur de Bolívar
En esta subregión, todos los municipios tienen presencia activa de cultivos de uso ilícito, grupos armados organizados y el ELN. Aunque, con excepción de San Pablo y Santa Rosa del Sur, en todos los municipios el número de víctimas es cercano al censo electoral, la guerra que desde hace un año parece librarse entre disidencias de las FARC-EP y el ELN y las AGC pueden restringir las posibilidades de hacer una campaña sin interferencias. Aún más, cuando líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido estigmatizados por estos grupos armados como bases sociales de sus enemigos. El 8 de enero, incluso las AGC irrumpieron en una reunión relacionada con las CTEP en San Pablo.
Además de estos riesgos derivados de la violencia, en el sur de Bolívar algunas candidaturas generan dudas sobre la capacidad real de representación de las víctimas: Alicia Monroy, por ejemplo, se lanzó a esta curul, pero su esposo, José Melecio Cendales, fue alcalde de Santa Rosa del Sur y ha sido candidato antes a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Dionisio Maury, también candidato a esta curul, parece ser cercano al gobernador de Bolívar y a varios exalcaldes del sur del departamento. Incluso, afirma abiertamente que su candidatura es “la única que lleva una estructura política en cada municipio”. Algunos de sus apoyos son cuestionados por alianzas con el paramilitarismo, como denunció El Espectador.
Sur de Córdoba
Finalmente, la CTEP 14 es posiblemente la circunscripción con más violencia. En todos los municipios hay presencia de las AGC y Los Caparros, quienes durante los últimos 5 años han sostenido una guerra a muerte para dominar el territorio. Hasta el momento no ha habido ningún evento de sabotaje electoral o alguna denuncia sobre irregularidades en el proceso. Sin embargo, al igual que para los casos anteriores, es difícil garantizar una elección sin sabotaje armado justamente en zonas rurales, en las que en el pasado estos grupos armados han ejecutado incursiones armadas, masacres y desplazamientos masivos.