El 21 de febrero de 2009, estalló el escándalo más grande por interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hasta entonces máximo ente de inteligencia de la República, contra periodistas, senadores, políticos, dirigentes sociales, magistrados y líderes de la oposición al Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
Hoy 10 años después, algunos senadores temen y alertan al gobierno de Iván Duque, de que este tipo de interceptaciones ilegales y casos de persecución política en contra de ellos se puedan volver a repetir.
Así lo hicieron saber por medio de una carta dirigida al presidente Iván Duque, los senadores Roy Barreras, de la U, Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, e Iván Cepeda, del Polo Democrático, expresaron su preocupación por unas mencionadas “operaciones de descrédito” en su contra y de otros ciudadanos declarados de forma encubierta como “objetivos políticos”, realizadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En la carta, los congresistas señalan una serie de pruebas que sustentan su hipótesis. Explican que tuvieron conocimiento de una supuesta reunión realizada el pasado 30 de marzo, en una residencia del barrio El Salitre de Bogotá.
“En ellas, funcionarios de la DNI comentaron las directrices, según ellos, emanadas del propio director de inteligencia, el almirante Rodolfo Amaya Kerquelen, en el sentido de adelantar seguimientos y acciones contra los suscritos ‘objetivos políticos’”, consideraron los firmantes de la misma, quienes ya denunciaron dichos hechos ante la Fiscalía General de la Nación.
Lo que preocupa a los senadores, y que expresaron en la carta es que “dichas operaciones comprenderían labores de inteligencia que no cuentan con autorización ni órdenes judiciales y que por lo tanto son ilegales, con el propósito, nos advierten, de urdir investigaciones penales sobre bases falsas, o en otras palabras, crear falsos positivos judiciales”.
Por ahora las acusaciones aún estarían en una etapa preliminar y por ello los hechos deben ser verificados y comprobados, los denunciantes expresaron que, de resultar ciertos, serían de “extrema gravedad”, dado que no solo constituye una violación de los derechos individuales, sino también una agresión al libre ejercicio de la política.
Iván Cepeda reiteró que este escenario podría ser el regreso a épocas oscuras del mundo investigativo judicial del país. “Es ni más ni menos que el retorno de la época de las chuzadas, que los opositores políticos fuimos blancos de toda clase de persecuciones. Al parecer, estamos regresando a esas oscuras épocas y por eso le hemos dirigido una carta al señor presidente pidiéndole garantías y también al fiscal general de la Nación y a la presidente de la Dirección Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.
Finalmente, los senadores aseveraron que este tipo de presuntas persecuciones son usuales de regímenes despóticos en los que se “acalla a la oposición”,acciones que no pasan, en cambio, en mandatos democráticos.
Además, dijeron que por ciertos hechos que conexos podrían significar una estrategia de persecución sistemática a las voces opositoras, críticas del Gobierno o al líder del partido de Gobierno. Nos referimos también al hostigamiento a los líderes sociales y a las amenazas a los militares que ofrecen verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.