Por: Nerio Luis Mejía Mercado
Hay fechas que, al asomarse en el calendario, nos evocan los recuerdos más gratos de la infancia, la juventud y el discurrir de la vida. Inventamos objetos, fotografías y diarios para almacenar esas valiosas imágenes de nuestros seres queridos; convertimos incluso la memoria propia en un refugio inexpugnable donde custodiamos con celo los instantes compartidos con quienes ocupan un lugar sagrado en el corazón.
Sin embargo, el panorama cambia drásticamente cuando llega el 30 de agosto, fecha en que desde 2011 se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta no es solo una jornada que entristece el alma de los familiares de aquellos cuyo paradero desconocemos; es todo un país el que se suma a ese enorme vacío. Es la ausencia de quienes no están a nuestro lado, marcada por un silencio que resulta mucho más frío e hiriente que el sepulcro mismo.
Colombia es uno de los países que más ha sufrido esta tragedia, convertida en una pesadilla histórica que se obstina en no abandonar nuestra realidad. De acuerdo con los registros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), hasta la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se contabilizaban más de 137.000 personas reportadas como desaparecidas en el marco del conflicto armado. Pero lo que muchos calificaron en su momento como el fin de la conflagración tras los acuerdos entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC-EP, no logró extinguir este delito.
Al contrario, el monstruo de la desaparición forzada se reconfiguró, arrastrando a nuevas víctimas cuyas familias claman con desesperación para que se las devuelvan vivas. Según los informes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), desde el 1 de diciembre de 2016 hasta la fecha se reportan más de 2.100 nuevas desapariciones ligadas a las dinámicas del conflicto. Esta cifra podría ser considerablemente superior debido a los constantes enfrentamientos, el control territorial y el dominio social que ejercen diversas estructuras criminales en las regiones. Esta presión silencia a las comunidades e impide la denuncia formal, amenazando con sumir a cientos de casos en una absoluta impunidad.
Si bien Colombia ha dado pasos institucionales de gran valía al reconocer la dimensión del problema —articulando respuestas de prevención, búsqueda y justicia mediante la política pública estatal contenida en decretos como el 1029 de 2026, y promulgando herramientas históricas como la Ley 2362 de 2024, que reconoce a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada como constructoras de paz y sujetas de especial protección constitucional—, el delito se niega a extinguirse en el territorio nacional.
Por eso, cada 30 de agosto, al conmemorar esta fecha en el ámbito internacional, debemos recordar que nuestro país es lamentablemente uno de los lugares del mundo donde más personas sufren la ausencia de seres queridos arrancados por la fuerza de sus hogares. Seres que no solo permanecen en el dolor, sino en la resistencia de sus dolientes, quienes luchan sin descanso por conocer la verdad.
Es imperativo destacar la labor titánica de las mujeres buscadoras: su incansable esfuerzo representa un verdadero acto de amor y sacrificio que la sociedad y el mundo entero deberían enaltecer. Ellas exponen a diario sus vidas para desenterrar esa verdad que los victimarios se empeñan en ocultar, mientras algunos responsables se pasean impunes ante la tragedia que causaron sus acciones violentas. Expreso también un necesario reconocimiento al trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Que más colombianos logremos sumarnos a esta causa para poner fin a este capítulo aciago de nuestra historia y despertar, al fin, de esta horrible pesadilla.