El alcalde de Galeras José Ignacio Hernández Vega, sigue a la espera que el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Since, resuelva la apelación que interpuso contra la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Galeras, que no impuso medida de aseguramiento en su contra, y a otros funcionarios.
Cabe señalar que el mandatario, la secretaria del Interior, Dianilis Anaya Armesto, y el contratista Arturo Carlos Guzmán Hoyos, representante legal de la fundación Funpader fueron capturados en marzo pasado por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Además, a Guzmán de Hoyos y a Anaya Armestro se les imputó el delito de falsedad ideológica en documento público.
Exactamente a esas personas se les procesa por presuntas anomalías en un contrato celebrado en marzo de 2020 y el cual estaba relacionado con la entrega de kits de ayudas comunitarias para los más vulnerables del municipio de Galeras.
Según la Fiscalía, ya han pasado cinco meses y aún el Juzgado de segunda instancia no ha resuelto dicha apelación.
A eso se le suma que ya la Fiscalía presentó también el escrito de acusación y tal Juzgado tampoco ha fijado fecha para la audiencia.
El contrato entre la Alcaldía de Galeras y Funpader fue suscrito el 27 de marzo de 2020. Los procesados se defienden en libertad.
Recordemos que, en la solicitud de la medida de aseguramiento, la Fiscalía pidió para el alcalde y contratista intramural, mientras que para la secretaria domiciliaria. Pero el Juzgado al resolver esa solicitud dijo que no interponía esas medidas por atipicidad, pues los delitos por los cuales la Fiscalía imputó a los procesados eran, a juicio del juez, atípicos.
“Señor juez cómo va a decir que esos delitos son atípicos si ya un juez de garantías había analizado los suficientes materiales probatorios para lo de las capturas. Se nota que ni siquiera leyó los elementos que yo le di traslado”, expresó en ese entonces la fiscal encargada del caso durante la apelación de esa medida.
Agregó también la fiscal en ese entonces “el soporte de usted señor juez fue mínimo, pues no duró ni 20 minutos su argumentación cuando la de las partes duró más de dos horas. Sustentó la decisión. Hay suficiente material para que usted venga a alegar esa atipicidad”.
Es de anotar que, durante la imputación de cargos, la Fiscalía 22 de Delitos contra la Administración Pública narró que, en el municipio de Galeras durante la urgencia manifiesta, declarada por el Gobierno nacional para atender la pandemia del covid-19, el alcalde, sin ningún tipo de motivación que justificara la necesidad, tramitó y celebró el contrato 012020 por un valor de 170 millones 670 mil pesos con la fundación Funpade.,
“En la etapa precontractual y contractual se cometieron unas series de irregularidades, como la transparencia, selección objetiva, planeación, economía e idoneidad, entre otros. El alcalde no explicó las razones por las cuales dicha contratación permitiera afrontar la emergencia sanitaria. No se contó con información que identificara la fundación, que presuntamente sería beneficiada, como tampoco se hizo mención a la justificación técnica y económica de la contratación”, expresó la Fiscalía
Finalmente, el ente penal indicó que Funpader no existe, pues es una empresa de fachada, el contratista tiene como profesión médico veterinario y gerente de una subasta.