El alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, “cuando no esta preso lo andan buscando”, así se concluye por los últimos hechos que envuelven al mandatario.
Esta semana Gómez Martínez, fue reintegrado al cargo luego de que la Contraloría General de la República, le levantara la suspensión por sobrecostos en mercados para las personas más vulnerables de la ciudad y de inmediato fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación, en lo que el ente calificó como falta gravísima.
Igual suerte corrieron otros tres funcionarios de la Alcaldía de Sincelejo: Leonardo Beltrán Pinto, secretario de Desarrollo Económico; Katiusca Fernández Castillo, jefe de la Oficina Jurídica, y Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada, jefe de la Oficina de Contratación.
La historia es la siguiente: tanto el alcalde Gómez Martínez, como sus tres colaboradores según el Ministerio Público tienen responsabilidad directa en dos contratos de alimentos, suscritos entre la Alcaldía y las firmas Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S.
Este miércoles, los cuatro implicados acudieron de manera virtual a una audiencia que se prolongó alrededor de cinco horas, que inicio a las 9:00 am.
El procurador II delegado para la vigilancia Administrativa, Giancarlo Marcenaro Jiménez, desde la sala de audiencias de la Procuraduría Regional de Sucre leyó el auto de apertura de la investigación y llamamiento a audiencia, calificando faltas disciplinarias como “gravísimas”.
“Culpa gravísima”
La Procuraduría determino que el mandatario Andrés Gómez Martínez cometió una falta disciplinaria “gravísima” y en “culpa gravísima” en detrimento del patrimonio público.
Igualmente, la Procuraduría advierte que el mandatario sincelejano desconoció al suscribir los contratos los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad de la contratación estatal y la función administrativa.
Mientras que a Katiusca Fernández Castillo, jefe de la Oficina Jurídica, y Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada, jefe de la Oficina de Contratación los hacen responsable por la omisión de un estudio jurídico proporcionado a las propuestas de los cotizantes, lo que imposibilitó que la administración municipal conociera la realidad del mercado y así establecer si los precios presentados en las ofertas eran los convenientes.
Culpable de los sobrecostos
En el caso de Leonardo Beltrán Pinto, secretario de Desarrollo Económico, la Procuraduría lo culpa de ser culpable de los sobrecostos, ya que omitió la verificación de las propuestas y si estas se ajustaban o no a los precios reales del mercado
Así mismo de haber certificado que la población recibía a complacencia la totalidad de los kits de alimentos de los que hay sospechas de que no se entregaban completos.
Para que los abogados de los investigados expongan sus alegatos, el procurador delegado fijó la próxima audiencia para el 25 de junio, a las 9:00 de la mañana.
El primero en intervenir será Pedro Escorcia, que defiende al secretario Leonardo Beltrán, y continuará Frank Montes, defensor de Katiusca Fernández; seguirá el abogado Luis José Merlano, que defiende a Andrea Tulia Gutiérrez, y concluirá Jaime Granados, defensor del alcalde.