La Defensoría había alertado sobre drones, explosivos, confinamientos y presencia de grupos armados en el sur de Bolívar. Meses después, nueve policías resultaron heridos en un ataque.
La violencia que volvió a sacudir a Norosí deja una pregunta sobre la mesa: ¿qué pasó con las advertencias emitidas previamente por la Defensoría del Pueblo? El organismo había identificado desde febrero un escenario crítico en este municipio y en Regidor, Río Viejo y Montecristo.
El diagnóstico advertía una disputa entre estructuras armadas por el control de las economías ilegales, especialmente la minería, el narcotráfico y la extorsión. La ubicación estratégica de esta zona, conectada por los corredores entre los ríos Magdalena y Cauca, la convirtió en un territorio clave para estas organizaciones.
Pero el riesgo no se limitaba a los enfrentamientos. La Defensoría también había documentado presencia de minas antipersonal, explosivos improvisados y municiones sin explotar, además de la utilización de drones para lanzar artefactos, una modalidad que ahora vuelve a quedar en el centro de la preocupación tras el ataque contra la Policía.
Las comunidades tampoco han escapado a la crisis. Más de 3.205 familias de 23 comunidades rurales de Montecristo habían sido reportadas en situación de confinamiento, mientras que también se conocieron casos de secuestro, restricciones a la movilidad y presuntas imposiciones de trabajo forzado.
La Regional pudo establecer que la alerta ya había puesto sobre la mesa buena parte de los riesgos que hoy vuelven a preocupar al sur de Bolívar. La Defensoría insiste en que estas advertencias deben traducirse en acciones concretas del Gobierno Nacional antes de que los escenarios de riesgo terminen nuevamente en ataques, desplazamientos y afectaciones contra la población.