La violencia criminal volvió a golpear al sistema penitenciario colombiano. En menos de 24 horas, hombres armados atacaron las cárceles de Barranquilla y Valledupar, generando tensión, temor y una reacción inmediata del INPEC, que declaró estado de máxima alerta en varios centros de reclusión del país.
Los ataques ocurrieron contra la Cárcel Modelo de Barranquilla y la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, donde sujetos en motocicleta dispararon ráfagas contra las fachadas y escaparon a toda velocidad.
Aunque las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas, el impacto de los disparos y la amenaza detrás de los hechos encendieron las alarmas dentro del sistema carcelario colombiano.
Las investigaciones preliminares apuntan a la organización criminal conocida como “Los Pepes”, estructura ilegal que recientemente habría difundido mensajes intimidatorios contra funcionarios del INPEC por posibles traslados de uno de sus presuntos cabecillas.
Tras los atentados, el INPEC ordenó reforzar la seguridad en cárceles estratégicas del país, aumentar controles en accesos y extremar medidas de protección para guardianes y personal administrativo.
Fuentes cercanas al sistema penitenciario aseguran que existe preocupación por una posible escalada violenta contra funcionarios y establecimientos carcelarios, especialmente en regiones donde operan organizaciones criminales con alto poder armado.
La ofensiva contra las prisiones vuelve a poner sobre la mesa el desafío de seguridad que enfrentan las autoridades frente a grupos delincuenciales que buscan intimidar al Estado desde dentro y fuera de las cárceles.