Por: La Regional.net
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dio las primeras impresiones de uno de los proyectos que promoverá tan pronto se posesione, como es la eliminación de la Procuraduría General, con lo cual pasaría las funciones y responsabilidades de esa entidad a la rama judicial.
Petro ya ha hecho críticas al Ministerio Público y sus actuaciones, y hasta pidió levantar suspensiones a alcaldes que fueron apartados de sus cargos durante la campaña presidencial, el pasado 19 de junio.
Proponer la eliminación de la Procuraduría “es hacerle caso a la sentencia de la Corte IDH y de paso respetar la convención americana. No se trata de echar a los miles de empleados de la entidad con experiencias investigativas ligadas a ejes jurídicos del derecho disciplinario. Se trata en que se convierta en la gran fiscalía anticorrupción, que fue una propuesta de campaña, que creo que es lo más conveniente con la Corte IDH”, dijo Petro.
Como se trata de una reforma constitucional, su trámite requiere de un año de discusiones. Por lo que no hay intenciones de sacar a la actual procuradora de su cargo. La idea de Petro es que, una vez concluya su período, comience la transición de la anexión de la Procuraduría a la rama judicial.
NACEN LAS CRÍTICAS
El ex superintendente de Industria y Comercio y ex viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, opinó en sus redes sociales: «Para eliminar la Procuraduria General de la Nación el gobierno de Petro necesitaría de una reforma constitucional. Igual para otra cantidad de cambios que pretenden hacer. Ojo que en alguna de esas reformas, Petro nos mete un artículito que permita su reelección».
Por su parte, Hernando Herrera Mercado, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), explicó que la Procuraduría hace parte del diseño constitucional previsto por el constituyente en 1991.
«Toda revisión que se haga de su esquema no puede equivaler a disminuir o menoscabar la lucha contra la corrupción. Además, al Estado le corresponde una función a la que no puede renunciar: debida vigilancia de la gestión administrativa para asegurar su transparencia y probidad».