La falta de recursos económicos amenaza con poner fin al funcionamiento de la Casa de la Mujer Indígena, conocida como ‘Casa Mía’, un espacio de acogida ubicado en Pueblo Bello, Cesar, que durante dos años y medio brindó protección y acompañamiento a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
La posible clausura del lugar genera preocupación entre las lideresas indígenas y defensoras de derechos humanos que impulsaron la iniciativa, ante el riesgo de que al menos 12 mujeres pierdan un sitio seguro en el que recibían atención y acompañamiento para afrontar las situaciones de violencia que han vivido.
El funcionamiento de la casa dependía principalmente de aportes solidarios y del esfuerzo de integrantes de las comunidades indígenas, quienes asumían gastos de arrendamiento, alimentación y manutención de las personas acogidas. Sin embargo, las dificultades financieras impidieron garantizar la sostenibilidad del servicio. Sus promotores atribuyen esta situación a la falta de respaldo de la Alcaldía de Pueblo Bello y de otras entidades territoriales, a las que reclaman mayor compromiso con la protección de las mujeres indígenas y la atención de las víctimas de violencia.
Analdo Bolaño Mindiola, cabildo indígena kankuamo, denunció que la ausencia de apoyo institucional terminó afectando la continuidad de este espacio, cuya operación se sostuvo gracias a la colaboración de miembros de las comunidades. La principal inquietud gira en torno al futuro de las mujeres y menores de edad que permanecían en la casa, así como a las garantías de seguridad, alojamiento y atención integral que tendrán después de su eventual cierre. Durante dos años y medio, ‘Casa Mía’ funcionó gracias al compromiso de mujeres líderes, defensoras de derechos humanos y otros integrantes de las comunidades indígenas, quienes contribuyeron a mantener un lugar de acogida para personas en condiciones de vulnerabilidad.
Entre las mujeres que han acompañado esta labor se encuentra Edilma Loperena, quien hizo un llamado urgente a las instituciones públicas y a las organizaciones solidarias para encontrar mecanismos de financiación que permitan mantener el servicio. Loperena advirtió sobre las dificultades económicas que enfrenta la iniciativa y pidió apoyo financiero, psicológico y humanitario para continuar atendiendo a las mujeres y menores de edad que necesitan protección.