Una alerta de seguridad encendió las alarmas en la Corte Suprema de Justicia luego de que un magistrado advirtiera sobre posibles riesgos contra integrantes de la Sala Penal y sus familias, tras una serie de hechos que estarían relacionados con el proceso judicial contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.
La preocupación aumentó después de que en la oficina del procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, apareciera inicialmente una bala y posteriormente fueran encontradas dos ventanas rotas y evidencias de dos impactos de fusil. El funcionario había intervenido ante la Corte dentro del proceso contra el exgobernador.
Ante estos hechos, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez remitió una comunicación al presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano, en la que solicitó poner la situación en conocimiento de la Dirección de Protección de la Policía Nacional y reforzar las medidas de seguridad para los magistrados y sus familiares.
La alerta está relacionada con la decisión adoptada por la Corte Suprema el pasado 29 de abril de 2026, cuando la Sala Penal revocó una absolución y condenó a Gómez Cerchar por homicidio agravado, imponiéndole una pena de 31 años y ocho meses de prisión. La decisión fue unánime y tuvo como ponente al magistrado Urbano.
El caso ya llegó a la cúpula de la Corte Suprema. Su presidente, Iván Mauricio Lenis, se comunicó con los responsables de seguridad del alto tribunal y con la Policía Nacional para activar las medidas necesarias. Mientras avanzan las verificaciones sobre los hechos registrados en la Procuraduría, crece la preocupación por la seguridad de quienes participaron en el proceso judicial que terminó con una nueva condena contra el exgobernador guajiro.