La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía indexada de $222.030 millones, en forma solidaria y título de culpa grave, en contra de la exsecretaria de Hacienda de Boyacá, Elina Ulloa Sáenz, la Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia “S.O.S.” y la exjefe de la Oficina Asesora de la Secretaría
Departamental de Educación, Eddye Yarik Reyes, por irregularidades en la celebración y ejecución del contrato 1061 de 2016, suscrito entre el Departamento de Boyacá y el contratista mencionado, cuyo objeto era la prestación de servicios educativos para adultos y jóvenes en extra edad (educación por ciclos). El contrato referido se financió con recursos del Sistema General de Participaciones y la CGR verificó que en su ejecución se pagó un mayor valor en exceso por un total de $104.645 millones, de los cuales $103.454 millones son por concepto de reconocimiento a estudiantes diferentes a lo contratado y $1.200 millones por faltantes de la canasta educativa.
Dicho daño patrimonial se elevó a $222.030 millones, al ser indexado. A este proceso de responsabilidad fiscal habían sido vinculados inicialmente el exgobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya y su secretario de Educación, Jorge Ferney Cubides, y en la imputación se ordenó el archivo correspondiente y se levantaron las medidas cautelares que se les había impuesto.