El motivo de la presente es para denunciar, el perverso y sucio plan que se viene fraguando en contra del pueblo magdalenense y del gobernador electo, Carlos Caicedo Omar, por cuenta de los senadores Eduardo Pulgar y Honorio Henríquez, junto con un empresario de una poderosa organización económica de la ciudad, de nombre Juan Carlos Dávila Abondano, del grupo Daabon y un piquete mayoritario de diputados electos.
Son ellos quienes se reunieron esta semana para arreglar la elección del contralor departamental y orquestar una mayoría en la Asamblea con el único propósito de ensuciar a la futura Gobernación; sacar a Caicedo del camino, tal como lo hicieron con el alcalde Rafael Martínez a través de la ilegal posesión de Andrés Rugeles en Santa Marta; ganar las próximas elecciones territoriales como sea; y evitar investigaciones que vayan en contra de sus intereses personales.
Esta oscura alianza se llevó a cabo en el sector de La Marina de Santa Marta y por lo cual algunos ya lo comenzaron a llamar: «el pacto de La Marina». El compromiso consistió en un acuerdo irreversible en el que los diputados firmaron unas letras de cambio para que, en caso de que cambiaran de opinión, hacerlas exigibles con cifras astronómicas.
Incluso, las firmas de las letras podrían condicionar a que todas las decisiones en la Asamblea estén sujetas a un embargo eminente, es decir diputados extorsionados para favores a los grupos políticos tradicionales.
De la jugarreta desistieron dos diputados que llegaron al sitio por medio de engañifas, pues se les había vendido la idea de que se trataba de un pacto por el Magdalena, cuando en realidad se trata de un pacto político con intereses muy mezquinos, en contra del Departamento y en beneficio de unos pocos.
Ayer, por ejemplo, se conoció la pequeña lista que quedó de los 48 aspirantes a ser contralor. Lo paradójico es que, de los seis que apenas pasaron el examen, solo uno aparentemente no tiene vínculo con ningún grupo político.
Este inminente concierto para delinquir, al parecer, despertó las alarmas en el equipo de trabajo del nuevo gobernador y es necesario y deber de todos los magdalenenses hacer llegar este hecho de corrupción a las autoridades competentes.
El pacto fue denunciado en los últimos días por dos personas que participaron en ese acuerdo y quienes se arrepintieron, ya que el fin no justifica los medios y mucho menos cuando los afectados por ese mal intencionado acuerdo es el pueblo del Magdalena. Además que el nuevo gobernador de seguro no recibiría el apoyo de los amangualados, para los proyectos de ordenanzas que de seguro presentará en beneficio de los municipios tras ocho años de penurias y retrasos.
En efecto, de acuerdo con los dos denunciantes, quienes pidieron no revelar sus identidades por razones obvias, ya que podrían verse perjudicados si se sabe que fueron ellos los que revelaron el compromiso malintencionado, el objetivo primordial del convenio no es hacer una limpia oposición ni siquiera de ejercer un control, sino de bloquear y si es el caso doblegar al gobernante, para lograr lo que no pudieron hacer en las pasadas elecciones: ganarle.