El Consejo de Estado negó la indemnización solicitada por los familiares de las 44 personas que murieron en la tragedia de Tasajera, Magdalena, ocurrida en julio de 2020, cuando un camión cisterna accidentado que transportaba gasolina se convirtió en escenario de una emergencia fatal
Los familiares de las víctimas demandaron al Estado al considerar que la Policía pudo haber evitado la tragedia si hubiera acordonado adecuadamente la zona e impedido que las personas se acercaran al vehículo.
Sin embargo, tras analizar las pruebas, el alto tribunal concluyó que no había lugar a ordenar el pago de la indemnización. Según la sentencia, los uniformados advirtieron reiteradamente sobre el peligro, pidieron a las personas que se alejaran y trataron de controlar la multitud, aunque no lograron contenerla por completo.
La Sala reconoció que el área no pudo ser acordonada totalmente, pero consideró que esta circunstancia no fue la causa determinante de lo ocurrido.
El argumento central de la decisión fue que las víctimas se expusieron a un peligro grave y conocido, pese a las advertencias de las autoridades. Por esta razón, el tribunal aplicó la figura jurídica del hecho exclusivo de la víctima, que puede eximir al Estado de responsabilidad cuando se demuestra que la conducta de la persona afectada fue la causa determinante del daño.
La decisión judicial vuelve a poner sobre la mesa uno de los episodios más dolorosos del Magdalena y el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a tragedias en las que confluyen la actuación de las autoridades y las decisiones de los ciudadanos.