En el departamento del Cesar ha sido imposible la adjudicación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, aún cuando los estudiantes regresaron a las aulas de clases desde el 22 de enero. El motivo, una advertencia formulada por una veeduría ciudadana al presentarse un solo oferente como operador. Por ello, la Gobernación del Cesar aplazó la adjudicación del contrato de $55.304 millones.
La veeduría Funcicaribe aseguró que los proponentes de la Unión Temporal PAE Cesar Norte no tienen las locaciones que demanda el contrato, evidenciando presuntas irregularidades e inconsistencias en la evaluación y en la experiencia aportada por las propuestas. Alimentos y Suministros del Cesar, integrante de la Unión Temporal, fue creada y registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar hace menos de dos meses y medio (24 de noviembre de 2023).
Según la veeduría “no se avizora el cumplimiento de la capacidad jurídica, respecto a su objeto social para el suministro de alimentación escolar”, pues solo se tiene la competencia para desarrollar “Interventorías, auditorías, y consultorías a proyectos estatales y privados en programas de alimentación escolar y transporte escolar”, se lee en el documento presentado por la organización.
Asimismo, incumpliría la normatividad referente a la promoción de la actividad física y ambientes escolares saludables, entre otras, que para la veeduría deberían llevar a causal de rechazo, contrario a la decisión que tomó el comité evaluador de la Gobernación del Cesar, el cual declaró hábil la propuesta.
Para el sur del departamento la Unión Temporal Cesar Adelante, integrada por LE & VE Alimentos Macsol, cuya representante legal es Marisol Vela Gómez, y Alimentos Capital, con la representación legal de Paola Andrea Suárez, la cual tampoco cumple las disposiciones, ya que los documentos de soporte de la experiencia del Proponente o de sus integrantes, deben ser expedidos por la entidad contratante y Correagro S.A solo participó como comisionista (intermediaria) para seleccionar al operador.
“Se vislumbra elementos e indicios que probarían una presunta irregularidad y vicio de procedimiento en la evaluación realizada por la entidad sobre las propuestas presentadas, pues en las certificaciones de experiencia aportadas por los proponentes, carecen de los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo, y la entidad omitió en requerir para que se aclarara o subsanara”, afirma la veeduría en su inspección.