Un contrato suscrito en 2012 durante la administración de Didier Lobo Chinchilla como alcalde de La Jagua de Ibirico quedó en el centro de un proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia. El actual senador fue acusado por presuntas irregularidades relacionadas con el Contrato 340 de 2012, destinado al suministro de alimentos para menores en riesgo de desnutrición y madres gestantes y lactantes.
El negocio tuvo un valor de $15.295 millones y fue adjudicado a la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios. Según los elementos examinados por la Corte, durante la etapa de planeación se habrían presentado inconsistencias en los estudios utilizados para establecer los precios de los productos incluidos en el contrato.
Entre los aspectos que aparecen bajo revisión están las diferencias detectadas en los valores de algunos alimentos y documentos empleados para sustentar el estudio de mercado. De acuerdo con la información conocida del expediente, estas situaciones habrían incidido en un posible sobrecosto superior a $1.000 millones, mientras que la Corte señaló un presunto detrimento patrimonial de $1.492 millones.
La investigación también busca establecer cuál fue la responsabilidad del entonces alcalde en la estructuración y adjudicación del contrato y si las condiciones pactadas terminaron generando un beneficio económico para terceros. Lobo ya había sido objeto de una sanción disciplinaria de la Procuraduría por hechos relacionados con contratos de paquetes nutricionales durante su administración municipal.
La acusación de la Corte Suprema no constituye una condena. El proceso continuará ante la Sala Especial de Primera Instancia, donde serán valoradas las pruebas y los argumentos de la defensa. Será la justicia la que determine si el senador incurrió o no en responsabilidad penal por los hechos investigados.