A través del decreto 116 del 19 de enero, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, designó como gobernadora encargada de Córdoba a la ex viceministra del Interior, Sandra Patricia Devia Ruiz, en remplazo del suspendido gobernador Edwin Besaile.
La decisión se dio luego que la semana pasada la Procuraduría General de la Nación suspendiera por tres meses al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos de la salud destinados a la atención pacientes hemofílicos.
El ministerio publico indicó que la “suspensión provisional se ordena para evitar que el Gobernador interfiera en la investigación que viene adelantando los órganos de control del Estado”.
A través de un comunicado, el gobernador Besaile aseguró que recibe esta decisión con respeto, pero que no la comparte, por considerar que constituye una violación al derecho de defensa y al debido proceso.
En uno de sus apartes dice que: “se observa con extrañeza que la motivación de la decisión sea “…para evitar que el gobernador Besaile Fayad interfiriera con el trámite de la investigación, teniendo en cuenta el grado de subordinación de los funcionarios que intervinieron en el trámite de los pagos a las IPS”; sin embargo, este argumento no tiene asidero si se tiene en cuenta que Besaile el 27 de octubre de 2017 manifestó estar impedido para conocer de estos hechos, ante lo cual, la misma Procuraduría resolvió aceptar el impedimento y comunicar al Ministerio del Interior, con el fin de que designara un Gobernador Ad Hoc.
La decisión que resolvió el impedimento fue emitida a través de Auto de 9 de noviembre del 2017. De acuerdo a Besaile, si ya se había separado desde noviembre del año anterior del conocimiento de dicho caso al Gobernador, la medida de suspensión del cargo se torna innecesaria y excesiva.
Una vez sea notificada la decisión, “se ejercerá la defensa legal y se demostrará que no ha existido falta disciplinaria alguna por parte de Besaile, ya que obra todo el material probatorio para desvirtuar las declaraciones de tipo retaliativo que han sido publicadas recientemente en los medios de comunicación. Se espera entonces de parte de los Órganos de Control que garanticen el debido proceso y el derecho de defensa del Gobernador de Córdoba, tal y como se le han brindado a los verdaderos responsables de los hechos investigados”, subraya la misiva.