Un nuevo llamado de atención hizo la presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, Paola Meneses Mosquera, frente al manejo de los recursos destinados a atender la crisis humanitaria en La Guajira, señalando que las fallas en su administración han agravado el acceso al agua potable en la región.
Durante su pronunciamiento, la magistrada indicó que los presuntos hechos de corrupción han impedido avances reales en la solución del problema, afectando especialmente a las comunidades indígenas wayuu, quienes continúan enfrentando condiciones críticas. En ese sentido, aseguró que la dificultad no está en la falta de presupuesto, sino en la forma en que se ejecutan los recursos públicos.
Las declaraciones se producen en medio de las investigaciones que involucran a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), particularmente por la contratación de carrotanques destinados a abastecer de agua a zonas golpeadas por la sequía. Estos procesos han sido cuestionados por posibles irregularidades.
Meneses también puso en evidencia la brecha entre los anuncios oficiales y la realidad que viven miles de familias en el departamento, al advertir que la persistencia de la crisis refleja problemas estructurales en la gestión estatal.
El pronunciamiento reabre el debate sobre la transparencia en la ejecución de recursos públicos y la necesidad de implementar soluciones efectivas para una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en el acceso a servicios básicos como el agua potable.