El reporte, que abarca entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, señala la instalación del mecanismo, la definición de su marco operativo y la puesta en marcha de grupos de trabajo en cinco municipios piloto: Acandí, Unguía, Riosucio y Nuevo Belén de Bajirá, en Chocó, y Mutatá, en Antioquia.
Según el informe, todos los compromisos registran avances parciales, incluyendo acciones en sustitución de cultivos ilícitos, donde Nuevo Belén de Bajirá muestra mayores progresos. Sin embargo, persisten retos como el fortalecimiento de la confianza comunitaria, las garantías de seguridad y la articulación institucional.
En materia de derechos, el EGC aseguró no tener menores en sus filas, mientras el Estado mantiene programas de atención a la niñez en las zonas priorizadas. También se reporta cumplimiento en la no interferencia en acciones contra minas antipersonal.
El proceso, acompañado por la Organización de los Estados Americanos y respaldado por países como España, Noruega, Qatar y Suiza, enfrenta ahora el desafío de ampliar la participación ciudadana y consolidar la presencia institucional en los territorios.