Por: Adalis Medina
Gran preocupación se vive en el departamento de La Guajira al conocerse la aceptación por parte el Consejo de Estado de una demanda de nulidad simple que busca dejar sin efectos legales el Plan de Manejo Ambiental Integrado (PMAI) de Cerrejón lo que llevaría al cierre definitivo e inmediato de la operación.
Esta denuncia fue interpuesta por dos miembros de las comunidades indígenas, cuatro ONG como son Fuerza de Mujeres Wayuu, CINEP, CAJAR y CENSAT y los congresistas Aída Avella, Iván Cepeda y Feliciano Valencia.
Dentro de los argumentos presentados en la demanda están: falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, afectación al recurso hídrico y al medio ambiente de La Guajira, lo que ha generado crisis alimentaria y vulneración de derechos fundamentales de la población, especialmente de los niños.
Los demandantes también indican en el proceso desconocimiento del derecho de participación de la población en general y en especial del derecho a consulta previa de las comunidades indígenas; la falta de prevención adecuada de los impactos que genera la actividad minera en el medio ambiente.
El Consejo de Estado tendría 10 días para fallar esta demanda lo que tiene en gran incertidumbre a los habitantes del departamento, ya que la multinacional a parte de ser la mayor fuente de empleo y mantener la economía vigente aporta en gran porcentaje a la economia del pais.
Son cerca de 12 mil los empleados los que se verían afectados directamente de haber una decisión positiva esta demanda de nulidad, son cerca de 5000 empleados directos y 7000 tercerizados.
También en tema de regalías se tocaría las arcas del gobierno nacional en los últimos 16 años ha recibido cerca de 6,6 billones de pesos en regalías, un poco mas de 10,1 billones de pesos en impuestos, sin incluir lo que recibe directamente el departamento de La Guajira.