Por: AFP
La pandemia redujo las emisiones contaminantes en todo el planeta, pero no evitó nuevos registros alarmantes de deforestación de las selvas de América Latina no dio tregua a los defensores del medio ambiente, que continuaron siendo asesinados.
«La Amazonía está mucho más amenazada que hace ocho años» debido al «avance de las actividades de extracción, de los proyectos de infraestructura, así como de los incendios, la deforestación y la pérdida de carbono», advirtió recientemente un informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
El área deforestada de la mayor selva tropical del mundo se triplicó entre 2015 y 2018. Y la deforestación continuó: entre agosto de 2019 y julio de 2020, aumentó un 9,5 por ciento respecto del mismo periodo previo, un segundo récord consecutivo en 12 años.
En este período se perdieron 11.088 kilómetros cuadrados de bosques y selva, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), más de siete veces la superficie de Ciudad de México.
«A causa de la deforestación, Brasil debe ser el único gran emisor de gases de efecto invernadero que incrementa sus emisiones el año en que la economía global paró debido a la pandemia», estimó el Observatorio del Clima, una coalición de oenegés brasileñas enfocadas en el cambio climático.
Esta y otras organizaciones y expertos han responsabilizado reiteradamente del incremento de la tala y la quema al presidente Jair Bolsonaro y su discurso a favor de actividades extractivas y del agronegocio en áreas protegidas.
El balance del INPE, estimó el Observatorio, «refleja el resultado de un proyecto exitoso en aniquilar la capacidad del estado brasileño y de los órganos de fiscalización que cuidan nuestra selva y combaten el crimen en la Amazonía».
A mediados de junio, la Amazonía perdió a uno de sus más ardientes defensores, el cacique brasileño Paulinho Paiakan, fallecido por covid-19 a los 65 años. Pero no solo el coronavirus significó un peligro. Indígenas, campesinos y otros activistas denunciaron amenazas por enfrentarse a intereses de mineras, madereras, agronegocios, empresas eólicas, hidroeléctricas o gasoductos.
Nueve de los 20 países con más homicidios de defensores del medio ambiente en el mundo el año pasado fueron latinoamericanos, según Global Witness, una ONG que documenta estos crímenes desde hace casi una década. Colombia, Brasil, México y Honduras encabezaron la lista.