El alto tribunal se abstuvo de tumbar la detención preventiva que le impuso la Fiscalía, a pesar de los pedidos de su defensa y de la Procuraduría. El gobernador de Antioquia se ha declarado inocente desde el comienzo del proceso.
A Aníbal Gaviria le dieron medida de aseguramiento por presuntas irregularidades en un contrato de mejoras viales de la Troncal de la Paz en 2005.
A Aníbal Gaviria le dieron medida de aseguramiento por presuntas irregularidades en un contrato de mejoras viales de la Troncal de la Paz en 2005. / Archivo Particular
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, seguirá con detención preventiva. El pasado miércoles, tras estudiar una solicitud de la defensa del mandatario departamental, sumada a una de la Procuraduría, que pedían dejarlo en libertad, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la decisión de la Fiscalía de imponerle medida de aseguramiento mientras es investigado formalmente. Gaviria está en líos por supuestas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz en su primer periodo como gobernador, entre 2004 y 2007.
(En contexto: La Troncal de la Paz fue exitosa, le dijo Aníbal Gaviria a la Fiscalía)
Y es que, en plena pandemia del COVID-19, la Fiscalía revivió una investigación de más de 15 años contra Gaviria, lo llamó a indagatoria y ordenó privarlo de su libertad. La decisión, del pasado 5 de junio, indignó a empresarios antioqueños, a congresistas y a otras personalidades, que le expresaron su apoyo al gobernador. Sin embargo, con Gaviria en casa, el presidente Iván Duque tuvo que nombrar a un mandatario encargado. En paralelo, la defensa del político paisa le pidió a la Corte Suprema que tumbara la orden de detención domiciliaria, que definió el pasado miércoles.
El espinoso tema cayó en manos del magistrado Ariel Augusto Torres, que le dio la razón a la Fiscalía y se abstuvo de tumbar la detención preventiva. Sus dos compañeros de la Sala de Primera Instancia estuvieron de acuerdo y concluyeron que la resolución de situación jurídica del Gobernador de Antioquia contó con el debido fundamento jurídico. Es decir que la decisión de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva era totalmente ajustada a la ley y proporcional. Tomado: El Espectador