Por: Lucio Torres
La forma en que un mandatario trata a sus propios aliados expone de cuerpo entero su catadura moral.
Rodrigo Lara se enteró por las redes, como todo el país, de que ya no era ministro del Interior. La noche del 21 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció en X su salida y el nombre de su reemplazo. Al día siguiente, Lara firmó una renuncia «libre, voluntaria e irrevocable» que, según su propio relato, le habían pedido en la Casa de Nariño. Primero vino el escarnio público y después el trámite. Primero lo sacaron y después le pidieron que dijera que se iba.
Eso no es un simple reajuste de gabinete. Es, a mi juicio, la confirmación de una satrapía que camina sobre sus colaboradores con la misma insensibilidad con la que pisa la dignidad popular. Es una metamorfosis del gobierno autoritario de Abelardo de la Espriella hacia una satrapía inédita en Colombia. Este proceso va acompañado de una «revolución cultural» liderada por la mandarria conservadurista y religiosa de extrema derecha.
La lealtad de una sola vía
Rodrigo Lara es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia asesinado por la mafia del narcotráfico en 1984. En este Gobierno representaba una cuota de legitimidad democrática y de moderación. La ironía es que, según su carta, se negó a manejar el ministerio por cuotas, a mermelada limpia. Según su esposa, salió precisamente por no nombrar a una viceministra que pedía Carlos Suárez, el estratega de campaña que hoy preside la junta de Ecopetrol. Por supuesto, Suárez lo niega.
Sea cual sea la causa, el mensaje es claro. En la lógica del sátrapa, quien no se pliega al ego presidencial se convierte en una pieza desechable. Para este régimen la lealtad es de una sola vía: se exige hacia arriba y no se devuelve hacia abajo.
El relevo es el fondo
Pero lo importante no es quién sale. Es quién llega.
La llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior marca, en mi opinión, el desembarco del extremismo ideológico en la conducción de la política. Ordóñez no llega como un puente de diálogo institucional. Llega con un expediente que el país conoce bien:
En el año 2000, en el Consejo de Estado, cambió el retrato de Santander por un crucifijo.
Como procurador, destituyó e inhabilitó por 15 años a un alcalde elegido por voto popular, Gustavo Petro. La paradoja, siendo senador votó en su elección como jefe del ministerio público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó después al Estado colombiano por esa sanción, porque una autoridad administrativa no puede quitarle los derechos políticos a un funcionario electo.
El Consejo de Estado anuló su reelección en 2016 por violar el artículo 126 de la Carta Política. Nombramientos de familiares de magistrados que intervinieron en su postulación. Aplicó la mermelada desde su cargo de la Procuraduría general de la nación.
Como embajador ante la OEA, cerró un discurso sobre la «batalla cultural» con un «¡que viva Cristo Rey!».
Por eso lo llamo el Torquemada de la Patria Milagro. No porque vaya a encender hogueras, sino porque su historia muestra a un funcionario que ha usado el poder del Estado para disciplinar al que piensa distinto. Y a sus aliados, la mermelada o la intimidación.
Lo que está en juego
Un ministro del Interior maneja la relación con el Congreso, la consulta previa, las garantías para la protesta y la coordinación política de cara a las elecciones regionales de 2027. En manos de un inquisidor, ese poder puede volverse un instrumento de presión. Tres riesgos deben preocupar a los demócratas.
1. La presión como método. El Perú conoció en los años de Fujimori a Vladimiro Montesinos, que doblegaba congresistas con dinero, intimidación y expedientes. No tengo pruebas de que Ordóñez vaya a hacer lo mismo y no lo afirmo. Lo que digo es que este Gobierno acaba de sacar al ministro que se ufanaba de construir mayorías «sin mermelada», y lo reemplazó por un hombre que conoce como pocos el poder disciplinario. La pregunta es legítima: ¿con qué método se van a conseguir ahora los votos? ¿Se usará el mismo método que mantienen envainado a los presidentes del congreso del pasado período: Ivan Name (senado) y Wadith Manzur, cámara de representante?
2. Los proyectos de Lara en otras manos. Lara dejó en marcha un estatuto antiterrorista y una reglamentación de la protesta social (Decreto 1525 de 2026). En manos de un ministro de diálogo, esos instrumentos pueden buscar un equilibrio. En manos de un inquisidor, pueden convertirse en herramientas para criminalizar la protesta y señalar como enemigo a quien disiente.
3. El avance sobre los demás poderes. El presupuesto de 2027 se expedirá por decreto. El partido de los Gómez, con cinco curules, maneja tres comisiones del Senado y un puesto en el CNE. El director del DANE fue declarado insubsistente por no confirmar una sospecha del Presidente. Con un inquisidor a cargo de la política interna, el riesgo es que la separación de poderes se vuelva una formalidad y que las cortes y los órganos de control queden bajo la presión del poder central.
Bogocentrismo con sotana
A esto se suma un centralismo que asfixia. Las decisiones se concentran en un círculo cada vez más pequeño: la Casa de Nariño, Ecopetrol, Hacienda y ahora el Interior.
Lejos de ese círculo quedan las autonomías del Caribe, del Pacífico y de la Colombia profunda, donde la gestión territorial termina reducida a una negociación presupuestal que no podrán cumplir porque el presupuesto 2027 se redujo a las regiones: $88,76 billones en 2026 a $86,96.
Cortarle la pita al muñeco
Frente a esta radicalización de la extrema derecha, el Congreso y la sociedad civil están llamados a reaccionar a tiempo, con las herramientas de la democracia: el control político, la vigilancia ciudadana, la prensa libre y el voto. ¡Que funcione la justicia!
Si es cierto que hay un «poder detrás del trono», como dijo la esposa de Lara, entonces el Presidente se parece cada vez más a un muñeco movido por hilos. Hay que cortarle la pita a ese muñeco antes de que el inquisidor termine de levantar una dictadura de hecho sobre las instituciones. Y hay que hacerlo con votos, con control político y con ciudadanía, que son las únicas tijeras legítimas.
La satrapía de Abelardo de la Espriella ya mostró sus cartas. Frente a la arbitrariedad, al uso del desastre como espectáculo y a la persecución política, la única respuesta digna es construir una Tercer Camino que devuelva el respeto sagrado por las garantías ciudadanas y la libertad de la nación