Por: Miguel Macea Di Martino
La salida de Eduardo Esquivel, conocido como el Negrito, y de Manuel Rangel Quintero de la Gobernación del Cesar abre interrogantes sobre el balance de sus respectivas gestiones. Después de aproximadamente cinco años y nueve meses al frente de la Secretaría de Gobierno, Esquivel deja el cargo en medio de cuestionamientos sobre su liderazgo, su capacidad de gestión y el papel que desempeñó en los asuntos políticos e institucionales del departamento.
A juicio de este columnista, Esquivel fue un funcionario de bajo perfil, cuya actuación no estuvo a la altura de las expectativas que genera una dependencia tan importante como la Secretaría de Gobierno. En un cargo que exige liderazgo, capacidad de diálogo, firmeza y decisiones oportunas, su gestión deja motivos para preguntar cuáles fueron los resultados concretos que obtuvo y qué respuestas ofreció frente a los principales desafíos de la gobernabilidad en el Cesar.
En los corrillos políticos del departamento también se le ha cuestionado por su manera de manejar la información y por su presunta inclinación a acomodar los mensajes para favorecer a sus jefes políticos. Esos señalamientos hacen parte de las críticas que rodean su paso por la administración departamental y plantean una discusión sobre la responsabilidad que deben asumir los funcionarios públicos cuando representan los intereses de toda una ciudadanía y no solamente los de un determinado grupo político.
Por su parte, Manuel Rangel Quintero, quien estuvo al frente de la cartera de Cultura y Turismo, también se marcha con una gestión que merece un balance público. Su responsabilidad incluía impulsar las expresiones artísticas del departamento, fortalecer el turismo y contribuir a la preservación de la música vallenata, su historia y sus protagonistas.
Desde mi perspectiva, su paso por esa dependencia no deja un legado suficientemente visible frente a la importancia del patrimonio cultural del Cesar y a las oportunidades que ofrece para el desarrollo económico y social de la región.
Si las salidas de ambos funcionarios están relacionadas con aspiraciones electorales, el primer examen que deberían presentar ante la ciudadanía es el de sus resultados en el servicio público. Esquivel tendría la mirada puesta en Chiriguaná, su municipio natal, mientras que Rangel Quintero buscaría nuevamente abrirse camino hacia la Alcaldía de Aguachica.
Antes de pedir el respaldo de los electores, ambos tendrían que explicar qué hicieron desde sus cargos, cuáles fueron sus principales logros y qué compromisos dejaron sin cumplir. La política no puede reducirse a ocupar posiciones de poder para después convertirlas en plataformas electorales.
En el caso de Aguachica, las aspiraciones de Rangel también se cruzan con una discusión más amplia sobre el peso del dinero en la política del sur del Cesar. El poder económico de determinados grupos empresariales y su influencia en los escenarios institucionales son asuntos que merecen un debate público serio, transparente y sustentado en hechos.
La ciudadanía tiene derecho a preguntarse hasta qué punto las decisiones políticas responden al interés colectivo y hasta qué punto pueden verse condicionadas por intereses particulares. Ningún empresario, dirigente o grupo político debería estar por encima del escrutinio ciudadano.
En Chiriguaná, por su parte, Esquivel tendrá que demostrar que cuenta con un proyecto propio y que puede construir respaldo ciudadano más allá de las relaciones políticas que haya cultivado durante su paso por la Gobernación. Su eventual aspiración también pondrá a prueba el alcance de sus alianzas y la capacidad que tenga para convencer a los habitantes de que puede ofrecer una alternativa de gobierno.
La salida de estos dos funcionarios no debería limitarse a un relevo de nombres dentro del Palacio Departamental Alfonso López Michelsen.
Debería abrir la puerta de una evaluación de sus gestiones y a una discusión sobre la responsabilidad de quienes administran los asuntos públicos. Porque los cargos no son premios personales ni propiedades de los grupos políticos: son responsabilidades que se ejercen en nombre de la ciudadanía.
Al final, las aspiraciones electorales se anuncian con discursos, pero la confianza ciudadana se construye con resultados. Y cuando un funcionario deja su despacho para buscar el respaldo de los electores, su principal carta de presentación debe ser el balance de lo que hizo, no el poder de sus padrinos políticos