El 28 de agosto mediante oficio se le notificó a la Alcaldía de Santa Marta la Sentencia del 23 de mayo del 2018, que emitió el Consejo de Estado en su contra, condenando al distrito a indemnizar a la empresa de transporte Rodaturs S.A., por las pérdidas generadas debido al transporte ilegal proliferante, como el mototaxismo.
Ante este tema, el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, manifestó que tanto en su administración como en las anteriores se pueden demostrar todos los esfuerzos que han realizado para combatir este fenómeno.
“Todas las restricciones, prohibiciones y los convenios que se tiene con la Policía, lo hacemos buscando brindarle seguridad y condiciones a las empresas legales”, dijo.
Igualmente el mandatario hizo énfasis en la complejidad que tiene la parte operativa, en cabeza de la Policía de Tránsito para controlar con solo 27 o 37 uniformados, a las 83 mil motocicletas que ruedan por Valledupar.
Por su parte el Consejo de Estado, mediante el fallo, sostiene que el Distrito de Santa Marta es responsable de no cumplir con sus funciones de control y vigilancia del transporte público en la ciudad, en su calidad de primera autoridad policiva, toda vez que no mitigó ni controló efectivamente el mototaxismo.
El transporte público informal es una problemática que afecta a todo el país, hasta el punto de tener que reducir el parque automotor de las empresas legalmente constituidas, ya que los esfuerzos de los gobiernos municipales no son suficientes, afectando no solamente a las empresas de transporte urbano, sino también al ciudadano común, que al verse reducida las rutas, termina movilizándose en motocicletas, vehículo con el más índice de accidentalidad en Colombia. Redacción: Claudia Agudelo