Redacción: laregional.net-
El presidente Gustavo Petro denunció la existencia de una mafia del agua en Santa Marta que se lucra de la necesidad de la gente, cobrando precios exorbitantes por un derecho básico.
Según el agente interventor de Essmar, un carrotanque oficial cuesta alrededor de $18.000, pero en el mercado ilegal se vende hasta por $200.000.
La mafia opera a través de una red organizada que involucra funcionarios públicos y controla la distribución del agua, condicionando el acceso dependiendo del pago.
Los más afectados son los que menos tienen, quienes tienen que escoger entre comer o comprar agua.
El presidente Petro propuso una planta desalinizadora con el apoyo de China, pero este proyecto ya había sido anunciado hace seis meses sin avances concretos.
El Distrito de Santa Marta ha firmado convenios y ordenado estudios para encontrar una solución estructural, pero hasta ahora no se han visto resultados.
La corrupción y la falta de acción efectiva permiten que la mafia del agua siga operando, afectando a los más vulnerables y generando un mercado negro que parece tener protección.
La situación es crítica y requiere una solución inmediata para garantizar el acceso al agua potable para todos los habitantes de Santa Marta.