La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la presencia masiva de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, en la región de los Montes de María, que conforman poblaciones de Sucre y Bolívar, y su accionar de terror que tiene sumergido en el miedo a sus pobladores.
La alerta 033 de 2022 se advierte el peligro en el que se encuentran los habitantes de los municipios de San Onofre, Morroa, Ovejas, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Toluviejo, Chalán, Colosó y Sincelejo, en el departamento de Sucre, y El Carmen, María La Baja, San Jacinto, Zambrano, San Juan Nepomuceno, Córdoba y El Guamo, en Bolívar.
Carlos Camargo, el defensor del pueblo, la hizo pública desde El Carmen, donde indicó que fue emitida “debido a la reciente información recogida por la Defensoría Delegada para Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en la que se indica el aumento de amenazas contra la vida e integridad física a través de panfletos, llamadas telefónicas y mensajes de texto; desplazamiento forzado, violencia sexual, intervención en espacios comunales y convocatoria a reuniones a las Juntas de Acción Comunal (JAC) para validar su presencia e imponer normas, reclutamiento de jóvenes, instrumentalización de niños, niñas y adolescentes y constreñimiento a la población rural”.
Agregó que las AGC ha establecido un circuito económico de tráfico ilegal de estupefacientes, armas, contrabando de licores, cigarrillos, madera y medicamentos, además de otras rentas ilegales como la extorsión y el gota a gota en esta zona que otrora fue azotada por el actuar de la extinta guerrilla de las Farc y un bloque de las AUC que lleva el mismo nombre de la zona, Montes de María.
“Nos preocupa la situación de riesgo para la población que habita 16 municipios de la subregión de los Montes de María por cuenta de la expansión territorial y consolidación de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, las cuales incluso resuelven conflictos de la comunidad, imponen sanciones o financian proyectos, usurpando funciones del Estado”, dijo Camargo.
“Son preocupantes también la violencia y amenazas contra mujeres y lideresas sociales; así como la condición especial de riesgo que corren los indígenas del pueblo Zenú en 50 cabildos indígenas y 40 consejos comunitarios”, dijo el defensor.