Redacción: laregional.net
La suspensión de las operaciones anunciada por la empresa Cerrejón, trae consigo la suspensión temporal de los contratos a trabajadores y empresas de servicios, lo que pone en riesgo la estabilidad laboral de más de 4.000 mineros.
«Cerrejón sufre en estos momentos dos bloqueos, liderados por personas ajenas a la compañía, que han impedido el transporte de carbón y la entrega de agua a las comunidades y que han imposibilitado la llegada de insumos esenciales para la operación minera», afirmó a través de un comunicado a la opinión pública.
Afirman que han llegado a esta grave situación, por dos bloqueos ilegales que afectan las operaciones. El primero, comenzó el pasado 5 de mayo, liderado por un grupo de extrabajadores que se encuentra sobre la línea férrea. Estas personas, desvinculadas desde febrero, acudieron a las vías de hecho para exigir su reintegro a la compañía o indemnizaciones adicionales a las establecidas legalmente, pese a existir vías jurídicas para reclamar sus derechos.
Esta situación impedía transportar el combustible por tren, por lo que la empresa contrató camiones cisterna para llevarlo por carretera, una solución temporal que no alcanza a satisfacer las necesidades de la operación minera. Sin embargo, el jueves 20 de mayo, miembros de la comunidad de Media Luna bloquearon la entrada a las instalaciones, exigiendo empleos y otras peticiones, impidiendo la salida de cualquier vehículo del puerto.
“La compañía ha estado abierta a las diferentes instancias de acercamiento en las que se han propuesto espacios de escucha activa si se desbloqueaba la línea férrea, no obstante, los extrabajadores rechazaron esta posibilidad”, sostuvo la compañía.
El sindicato de Sintracarbón, aseguró por su parte, que ha liderado tomas pacificas para solicitar una mesa de concertación, para buscar una alternativa de solución, pero la multinacional no ha dado respuesta alguna.
Las Cámaras de Comercio de la Región Caribe , afirmaron a través de un comunicado, que este bloqueo, además de causar graves perjuicios a la empresa en cuanto a su producción, la operación minera y portuaria, y las relaciones comerciales, constituye un atentado al derecho al trabajo, lo que es considerado un delito.
Piden intervención
A través de una carta, los más de 4.000 trabajadores de las diferentes empresas contratistas a Cerrejón, pidieron a las autoridades que intervengan ante los bloqueos de los últimos días, pues los “están privando” de ejercer su derecho al trabajo.
Los bloqueos en la línea férrea y en las instalaciones de Puerto Bolívar son vías de hecho que, como ya ha dicho la Fiscalía General de la Nación, son acciones ilegales que nos están impidiendo trabajar y llevar a nuestras familias el sustento diario”, señalaron.
Precisaron que la solución de estas situaciones no puede pasar por acabar con la empresa, con miles de empleos y con los beneficios que la compañía genera para sus familias, para las comunidades, para el Departamento y para el país.