La cartera por más de 11 mil millones de pesos que tienen 32 EPS con la Clínica Iris, podría ocasionar el cierre de esta institución que presta servicios a personas con discapacidad cognitivas, enfermedad de salud mental, problemas de drogadicción, alcoholismo y prostitución.
Durante 15 años la institución ha prestado sus servicios en Valledupar y la costa caribe colombiana, pero ahora está a punto de cerrar sus puertas, debido a que las EPS no le pagan lo facturado.
Esta situación está provocando el cierre parcial de sus instalaciones y de la única clínica privada que prestaba urgencias psiquiátricas las 24 horas del día en la región, afectando la atención de personas con problemas de salud mental y el proceso de rehabilitación física y mental de niños, jóvenes y adultos, que por largos meses fueron asistidos por profesionales de salud de dicho centro médico.
“Como directiva de la institución y madre de un joven con una discapacidad motora, me siento defraudada por las entidades de salud y las instituciones a las que les hemos pedido respuestas, ya que por años entregamos lo mejor de nosotros para que los niños y jóvenes de los estratos más bajos pudieran ser rehabilitados y ser parte activa de la sociedad, alejándolos de la estigmatización, la drogadicción y en muchos casos, hasta de la prostitución infantil”, dijo la cofundadora de la clínica, Yettis Costa.
La falta de pago por parte de las EPS: Coomeva, Medimás, Cajacopi, entre otras, ha generado un millonario endeudamiento del instituto con empresas que de ‘buena fe’ suministraron alimentos, insumos y medicamentos para la supervivencia del centro de atención en los últimos meses.
Asimismo, ha perjudicado a más de 300 personas, entre ellos profesionales de la salud, administrativos y trabajadores externos, quienes ante el cierre del instituto no pudieron seguir prestando sus servicios.
La clínica informó que la situación y los casos particulares con algunas EPS los ha denunciado ante la Superintendencia de Salud, la secretaría de Salud del Cesar, la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación y la Presidencia de la República, sin embargo, no ha tenido ninguna respuesta.
«Pareciera que al sistema de salud no le importa este tipo de población vulnerable a la que le prestamos el servicio. Hay una EPS que nos adeuda más de 1.800 millones de pesos y como solución, nos ofreció 900 mil pesos porque era lo único que pagaría por los pacientes», denunció.