Una nueva controversia golpea a la Corte Constitucional luego de que el magistrado Carlos Camargo Assis quedara habilitado para participar y votar en la revisión del decreto 174 de 2026, pese a que reconoció tener predios en Lorica, Córdoba, que podrían verse impactados por esa misma decisión.
El decreto impulsado por el Gobierno nacional busca declarar de utilidad pública varios terrenos baldíos en la región del bajo Sinú para adelantar procesos de recuperación ambiental y restaurar ecosistemas afectados durante años. Sin embargo, el debate jurídico tomó un tono político y ético tras las denuncias sobre un posible conflicto de intereses dentro del alto tribunal.
El secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo Camacho, aseguró que el magistrado tendría al menos tres predios en Córdoba y Sucre, además de propiedades relacionadas con familiares en la misma zona. A esto se sumaron las declaraciones del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien afirmó que Camargo y su familia habrían acumulado baldíos de la Nación, afectando a campesinos y ecosistemas cercanos al río Sinú.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, defendió la medida del Gobierno y explicó que el propósito del decreto es recuperar la Ciénaga Grande del bajo Sinú y devolverle el flujo natural al agua en una zona considerada clave para el equilibrio ambiental del departamento.
Pese a las críticas y al debate generado, la Corte Constitucional rechazó el impedimento presentado por el propio Camargo, lo que le permitirá conservar su voto en una decisión que podría impactar directamente bienes relacionados con él y su entorno familiar.
La situación ha provocado fuertes cuestionamientos sobre la transparencia y la imparcialidad dentro de la Corte, especialmente tratándose de un magistrado que deberá pronunciarse sobre un tema en el que, según las denuncias, existirían intereses personales y familiares en juego.